Las confluencias de Podemos quieren tener voz propia en la negociación abierta con el Gobierno para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Distintos miembros del grupo confederal participan activamente en las conversaciones abiertas desde el mes de agosto con el Ministerio de Hacienda en torno a varias mesas sectoriales.
Pero más allá de pensiones, vivienda, fiscalidad, empleo o feminismos, los representantes gallegos y catalanes quieren trasladar al Ejecutivo de Pedro Sánchez sus demandas en el ámbito puramente territorial. Miembros del grupo gallego En Marea se reunirán el próximo día dos de octubre con la ministra Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para plantearle sus prioridades de la que denominan como la "agenda gallega del cambio".
Un día después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat para inyectar 1.400 millones de euros en cuatro años a Cataluña, los socios gallegos de Pablo Iglesias han anunciado el encuentro que se enmarca en una mesa de negociación bilateral de cara a la aprobación de las próximas cuentas públicas.
Las negociaciones entre Hacienda y los morados avanzan con discreción, pero con la dificultad añadida de que PP y Ciudadanos bloquean en el Congreso la reforma de la Ley de Estabilidad que permitiría aprobar una nueva senda de déficit que aportaría un balón de oxígeno de 6.000 millones de euros a repartir entre la Administración Central, las Comunidades y la Seguridad Social.
"Los Presupuestos han de ser para la gente, pero también tienen que ser plurinacionales. La voz y las demandas de la ciudadanía de nuestro país, de Galicia, tienen que estar", señaló este miércoles en rueda de prensa en el Congreso la diputada Yolanda Díaz (IU). Sus reivindicaciones -que cuentan en algunos casos con el consenso del Parlamento gallego- se centran sobre todo en materia de infraestructuras.
Entre ellas, la transferencia de la gestión de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia, que ha permanecido bloqueada hasta ahora por el anterior Gobierno de los populares. También es "una prioridad evidente", según el diputado Antón Gómez Reino (Podemos), la condonación de la deuda de más de 308 millones del puerto de A Coruña. Los gallegos se miran en el caso de Valencia, donde el Ejecutivo ha perdonado una deuda por importe similar.
"La agenda gallega del cambio es extensa pero ha llegado la hora de paliar las deficiencias que tiene nuestro país", sentenció Díaz. En este sentido, el representante de Anova, Miguel Anxo Fernán-Vello, apuntó que los votos del grupo son "autónomos" y que los harán valer para conseguir sus objetivos para Galicia.
En Comú
Por su parte, los socios catalanes de Podemos también mantienen abiertas conversaciones con el Gobierno desde el mes de agosto. A diferencia de los gallegos, no tiene fecha prevista para reunirse con la ministra Batet para trasladarle de manera formal las demandas de su agenda para Cataluña. Este lunes han convocado una rueda de prensa en Barcelona junto al también diputado Joan Mena en la que darán cuenta del estado de las negociaciones con el Ejecutivo de cara a la aprobación de los PGE de 2019 y donde está previsto que realicen algún anuncio.
Los socios catalanes de Podemos ya han expuesto algunas de sus reivindicaciones en materia de infraestructuras como conseguir una mayor inversión para el sistema ferroviario en Cataluña (Rodalies) o para el Corredor Mediterráneo. Asimismo, una de las prioridades que defiende el grupo liderado por la portavoz Lucía Martín es que el Gobierno apruebe medidas concretas para controlar el aumento de los precios de los alquileres en determinadas zonas de las grandes ciudades.
En una sesión de Control al Gobierno a principios de septiembre Martín preguntó a Batet cómo pensaba "materializar el cambio significativo prometido" para Cataluña en las cuentas de 2019. E instó a la Ministra a cumplir "su compromiso escrito" de retirar el recurso al Tribunal Constitucional de la Ley de Emergencia Habitacional "que Mariano Rajoy suspendió estando al frente de un Gobierno en funciones".
Al margen de esto, también le instó recuperar la inversión en vivienda, a derogar el decreto de exclusión universitaria y a actuar para que "el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que le corresponde a los ayuntamientos llegue de una vez".
