Pablo Iglesias insiste. Quiere ser considerado “perjudicado” en la investigación que atañe al excomisario José Manuel Villarejo y que, según el líder de Podemos, compone una “trama” de policías corruptos y medios de comunicación que actuaba contra él.
Después de que su exasesora Dina Bousselham desmintiera la tesis de la filtración de las capturas de pantallas del móvil, Iglesias no cede y le recuerda al juez Manuel García Castellón en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli que él aprobó el alegato político sobre las llamadas “cloacas” durante su declaración en marzo. "Me alegro que usted lo haya explicado tan bien", le comentó García Castellón, como le recuerda el líder de Podemos en su escrito, para evitar que el juez decida dar un giro al asunto y le impute por destrucción de pruebas.
Para las fuentes consultadas la mención a la respuesta de García Castellón revela el interés de Iglesias de recordar al juez que él también dio validez a la tesis de las cloacas. En las 16 páginas del escrito de Iglesias saltan a la vista dos hojas. Son las páginas en las que el actual vicepresidente del Gobierno recopila textualmente los últimos minutos de su declaración ante el juez el pasado 27 de marzo de 2019. En plena campaña electoral, Iglesias habló de "una trama que vincula a policías, medios y empresarios", y sobre esa declaración construyó toda su campaña electoral.
En el documento, la defensa de Iglesias alega que las capturas de pantalla del móvil de Bousselham se publicaron en un contexto electoral y en una negociación en marcha para formar un Gobierno con el PSOE. “A los efectos de acreditar la condición de perjudicado de mi representado, resulta necesario, poner en relación las fechas claves en este proceso, con el contexto temporal y político en el que se produce la revelación y difusión ilegal de informaciones de carácter personal y privado, relativas en su mayor parte a mi representado”, recalca el documento.
La defensa relaciona la decisión de Iglesias de presentarse a las elecciones generales y las dos etapas electorales de 2015 y 2016, respectivamente diciembre y junio. Aunque se centra en julio, ya después del voto, cuando se publicaron las capturas de pantallas con frases polémicas sobre la periodista Mariló Montero, entre otras.
“El tercer momento es julio, cuando aparecen los contenidos de este teléfono móvil, claro los tres momentos son políticamente muy sensibles para nosotros, en enero de 2016 nosotros habíamos ofrecido un acuerdo de gobierno al partido socialista, en el mes de mayo de 2016 se habían convocado unas nuevas elecciones y nosotros aparecíamos en las encuestas como segunda fuerza política casi en empate técnico con el partido popular, y en el mes de julio del año 2016, nosotros habíamos vuelto a hacer una oferta de gobierno de coalición al partido socialista, claro, los tres momentos son enormemente precisos y nos hicieron mucho daño”, recuperan los abogados de Iglesias.
"Aparecen implicaciones de Interior muy serias"
En realidad, la propuesta de aquel entonces al PSOE (la que incluía pedir el control de CNI) fue, según fuentes de Podemos, una maniobra para evitar llegar a un acuerdo y forzar otras elecciones. A la vez, las fuentes sostienen que Iglesias supo desde finales de 2018 que la Policía había encontrado en la vivienda del excomisario una copia de la tarjeta SD del móvil de Dina Bousselham. Y que esa circunstancia se estudió en la formación como “ventana de oportunidad electoral”.
Pero la defensa se centra en el papel del juez ante aquel alegato. Y le recuerda a García Castellón su reacción: “Me alegro que usted lo haya explicado tan bien, que yo lo he entendido, porque en el procedimiento que aquí se sigue y que usted conocerá me imagino por la prensa, respecto al señor Villarejo aparecen implicaciones del Ministerio del Interior muy serias, entonces la investigación es muy amplia, por lo tanto, usted como perjudicado tiene la percepción de que excedía... creo haberle entendido así, que excedía de lo que uno de los policías, como en este caso el Sr. Villarejo hubiera podido hacer uso de ello, es decir que excedía su ámbito, que iba a otros lugares, a saltos, eso es lo que ha venido usted a decir”.
La clave de este escrito atañe al interés de Iglesias de argumentar que, aunque las capturas de pantallas las pudo enviar Dina Bousselham, sí existía una trama contra el líder de Podemos. Y que esa trama debe seguir investigándose, entre otras cosas porque a nivel procesal está vinculada al juicio sobre la financiación del partido, que en Podemos consideran falsa.
Más preocupación que por el 8-M
Fuentes de Podemos aseguran, de hecho, que a nivel interno existe más preocupación sobre este asuntos que en polémicas políticas como las que involucraron a Irene Montero por la manifestación del 8-M.
Ante las contradicciones de Bousselham (tres versiones diferentes en tres declaraciones) y la de su exmarido, el embrollo judiciario amenaza con convertirse en un bumerán para Iglesias. Fuentes judiciales no descartan que el juez García-Castellón decida plantear al Tribunal Supremo que investigue al líder de Podemos por la supuesta destrucción de la tarjeta SD de su exasesora. Un extremo que la involucrada primero declaró, y que luego retrató.
Poco después de que el magistrado le quitara la calificación de “perjudicado” y ante la ola de investigación que afectarán al Ejecutivo por el coronavirus, Podemos ha lanzado una campaña con el lema lawfare (guerra judicial) para lanzar la idea de que la magistratura actúa para tumbar al Gobierno. A la luz de esa campaña, el escrito de Iglesias también puede entenderse como una advertencia o una manera de recordar al juez García Castellón que también él interpretó los hechos como una “trama” que perjudicaba al secretario general de Podemos.
