El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González volverá este jueves a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputado sobre la pieza separada 9 del 'caso Púnica' que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid en tiempos de la exdirigente del partido y del Gobierno autonómico Esperanza Aguirre.
González, que además es el principal investigado en otra macrocausa, el 'caso Lezo', está imputado en Púnica por presuntos delitos de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral en relación al "desvío continuado de fondos públicos" desde las consejerías de Transporte y Presidencia mediante "el amaño de las partidas de publicidad" y a través de subvenciones públicas a Fundescam, pero también con las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) y el Canal de Isabel II.
Según el auto del juez instructor, Manuel García Castellón, González "participó en una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación por el PP madrileño de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008". En esos años, ocupaba el cargo de vicepresidente y consejero de Presidencia.
Dinero público para reputación personal
Además, se le interrogará sobre los trabajos de reputación que le realizó el experto en reputación 'on line' Alejandro De Pedro, también investigado, durante los años 2011 y 2012, "que pese a ser trabajos personales, los sufragarían los fondos públicos por las estrategias planeadas para desviar fondos adscritos a empresas públicas de la Comunidad de Madrid utilizando contratación ficticia emitida por proveedores concertados". También se le relaciona con la petición a la empresa Indra del pago de "facturas falsas".
Este jueves también está citada la exconsejera de Asuntos Sociales Gádor Óngil, investigada por falsedad electoral, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y fraude, como patrona de Fundescam desde el año 2010 y en tanto que autora de un documento de marzo de 2012 que "amparó" la justificación de una subvención a esa fundación y "remitió las facturas mendaces" confeccionadas por otros investigados con "conceptos simulados coincidentes con los fines" de aquella ayuda pública.
El viernes, 18 de octubre, será la propia expresidenta Esperanza Aguirre la que acuda a declarar a la Audiencia Nacional como imputada, cerrando así el intenso calendario de citaciones del 'caso Púnica' que comenzó a principios de septiembre, muchas de ellas relacionadas con esta pieza separada de supuesta financiación irregular.