"Esto podría ser interpretado luego en Europa como un tribunal de excepción". El abogado del secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que "se estaría produciendo un hecho grave" si la la Audiencia Nacional mantuviese su competencia para juzgar a su acusado, al exdirector de los Mossos Pere Soler, al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana.
Lo ha dicho en la vista pública de este martes que revisa la competencia de la Audiencia para juzgar a parte de la excúpula catalana de Interior por no frenar el asedio frente a la Consejería de Economía el 21 de septiembre de 2017 y por el referéndum del 1-O.
Cuevillas ha insistido en que se trataría de un "overrulling" y de la "primera vez que para una causa concreta se daría una interpretación diferente" del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En concreto, la cita de este martes pretende resolver las cuestiones previas planteadas por la defensa de Puig, a las que se han adherido otros acusados. Sin embargo, la abogada del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, como ya se había adelantado, no ha discutido la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle por rebelión; una estrategia que se aleja del resto de acusados en las causas abiertas del procés.
Artículo 65
La sección segunda de lo Penal ya había dirimido sobre esta cuestión al inicio de la instrucción. Entonces estableció que era su competencia "porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno", un tipo de delito para el que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fija la competencia de la Audiencia Nacional.
En 2015 ya hubo varias denuncias contra ayuntamientos catalanes o concejales en relación con el procés. En aquel entonces, apuntan desde la Fiscalía, se "aceptó sin objeción alguna, tanto la competencia del Juzgado para el conocimiento de los hechos, como la de la Sala".
Penas de hasta 11 años
"¿Cómo no va a ser competente la Audiencia Nacional ante estos gravísimos hechos?", ha cuestionado este martes la Fiscalía General del Estado, que pide 11 años de cárcel para el exjefe de los Mossos. El Ministerio Público considera que el exagente diseñó de forma "deliberada" un dispositivo policial que impidió cumplir las órdenes de prohibir las votaciones del referéndum catalán.
Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler también se enfrentan a 11 años de prisión; todos están acusados por rebelión. En el caso de la intendente Laplana, los fiscales solicitan cuatro años de prisión. Según señalan en su escrito de acusación, la intendente no prestó ayuda a los guardias civiles que registraban las dependencias del Govern, por lo que le acusan de sedición.
Asimismo, todos involucrados en la causa están acusados de cooperar con las autoridades independentistas para impedir los registros en la consejería del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
Ahora, queda que las defensas de los acusados presenten sus escritos de defensa en los que propondrán pruebas.
