El próximo 20 de enero, Irene Montero tendrá que comparecer ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid a las 9:00 de la mañana tras haber sido denunciada por una escolta que trabajó para ella quien acusa a la política y mujer de Pablo Iglesias de obligarla a llevar comida a la familia, hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia.
La vista laboral se ha fijado en enero ante la inexistencia de un acuerdo entre Podemos y la escolta por el despido de la trabajadora. La portavoz de Podemos en el Congreso ha sido citada como testigo, según publica ‘Okdiario’.
La escolta demanda a Podemos por el trato laboral "discriminatorio"
En la demanda, la guardaespaldas denuncia a Montero por obligarla “de manera recurrente”, y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el chalet de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.
También tenía que ir a comprar “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados, llevarle la cena a casa desde varios establecimientos concretos de Madrid o “comprar comida para los perros”.
Por todo ello, la escolta ha demandado a Podemos por el trato laboral "discriminatorio" recibido por la número dos de la formación morada. La empleada de seguridad fue contratada por Podemos durante casi dos años y trabajó para Montero.
Irene Montero no sólo tendrá que dar explicaciones de estas tareas extraoficiales que le obligaba hacer supuestamente a la escolta sino que también tendrá que decir por qué fue contratada directamente por Podemos.
Podemos incumplió los requisitos legalesadmite que ningún escolta estaba contratado en Seguridad
El partido liderado por Pablo Iglesias no medió con la empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la legislación específica del sector. Por lo que Podemos incumplió con los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que "únicamente" puede "ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad".
En el contrato laboral registrado por Podemos, la escolta figura como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de "ayudantes no titulados”.
Sanciones de hasta 600.000 euros
Podemos ha mostrado a través de su portal de Transparencia que ninguno de sus empleados estaba contratado en el área de Seguridad, a excepción de su responsable, tal y como se detalla en el epígrafe ‘Personal Contratado’, actualizado a fecha de 31 de junio de 2017.
La legislación prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones, estando previstas en estos casos sanciones de hasta 600.000 euros.
