La asociaciones de jueces y fiscales han denunciado ante la Comisión Europea el quebrantamiento del principio de igualdad y la amenaza contra el Estado de Derecho que supone los últimos acontecimientos ocurridos en España. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación profesional Independiente de de Fiscales han hecho especial hincapié en que los aforamientos "constituyen un régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos que acentúa la percepción de politización de la Justicia".
Las asociaciones han puesto el foco, además, en la situación de bloqueo que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial y su impacto "significativo", ya no solo en la percepción pública de la independencia judicial, sino también en en el "funcionamiento de los tribunales debido a la imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales".
Jueces y fiscales recogen la reclamación Grupo de Estados Contra la Corrupción, que desde 2013 pide que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Asimismo, afean que la promoción profesional de jueces y fiscales esté basada en sistemas de nombramiento discrecional, a su juicio, "poco transparentes" y que, por tanto, "afecta a la confianza de la sociedad en el poder judicial y en la Fiscalía".
Jueces y fiscales denuncian las comisiones de investigación del Congreso
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación profesional Independiente de de Fiscales han denunciado los ataques perpetrados, en ocasiones por miembros del Ejecutivo de Sánchez, a jueces. "Las acusaciones de lawfare hacia jueces y fiscales por parte de responsables de las instituciones políticas minan gravemente la confianza en la judicatura", añaden.
También, arremeten contra la creación de comisiones parlamentarias en las que jueces y fiscales sean llamados para comparecer en el Congreso de los Diputados, bajo la investigación de la mal llamada "judicialización de la política".
Finalmente, las asociaciones señalan el "grave problema" que supone en España la existencia de puertas giratorias entre puestos políticos y cargos en la Justicia. "Mientras la Constitución dice que el régimen de incompatibilidad debe asegurar la total independencia, la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma", sentencia el comunicado.
