El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a la UCO que revise los dispositivos telefónicos y digitales ya intervenidos en el marco de la investigación por el 'caso Koldo' para comprobar si hay algún dato que corrobore la versión de la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en Ferraz. El instructor actúa tras las declaraciones de Carmen Pano en El Español donde dijo que por orden de Víctor de Aldama pudo acceder a la sede del PSOE para entregar dicha cantidad de dinero en efectivo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de Madrid recoge en el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que lo manifestado por la empresaria "entra en contradicción con el contenido del informe de la Guardia Civil que se basa en el contenido de las evidencias digitales intervenidas a los investigados. En consecuencia, encarga a la UCO que verifique si en los dispositivos intervenidos existe "algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas" por Pano.
El juez ha rechazado, por contra, citar a declarar en calidad de testigo a la empresaria y su hija Leonor María González Pano, tal y como habían solicitado Iustitia Europa y el Partido Popular. De esta forma, el instructor se suma a la línea ya marcada por la Fiscalía quien informó en contra de escuchar a la empresaria en sede judicial, al menos, por el momento.
Moreno prioriza revisar los datos que ya obran en poder de la UCO, para corroborar si las afirmaciones hechas la empresaria sobre la compra del chalet de Ábalos en La Alcaidesa y sobre la supuesta entrega de dinero en la sede del PSOE para que la empresa del socio de Aldama (Villafuel) obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos. Tras comprobar el resultado del nuevo encargo remitido a la UCO, el magistrado señala que "se acordará lo que proceda".
Al respecto a los recursos presentados en contra de la personación del Partido Socialista, el juez desestima la reclamación de dos de las acusaciones y mantiene la personación de la formación liderada por Pedro Sánchez como acusación popular.
Por su parte, el PSOE remitió al juzgado un escrito en el que defendía su legitimidad para formar parte de la causa como acusación popular y que la declaración de Carmen Pano se enmarca en una "estrategia defensiva" y que, además, había sido cuestionada y negada por otros miembros de la trama. La representación letrada del PSOE afeaba en su escrito a los recurrentes la intención de traer a la causa como testigo a una persona que habría reconocido, según los medios de comunicación, "su implicación en un delito de cohecho".
La empresa que en su momento dirigía Carmen Pano junto a su hija, Have Got Time, fue la entidad que financió la compra del chalet de la Alcaidesa, aunque no se ha vinculado su actividad con el fraude del IVA investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Los informes de la UCO, a los que hace referencia el juez en el auto, se recogen varias evidencias que mostrarían que la empresa también estuvo detrás de la salida de Ábalos del inmueble.
Según se detalla en el sumario del 'caso Koldo', la compañía llegó a enviar un burofax dirigido al exministro socialista en el que se le solicita el abono de un alquiler correspondiente a los meses de agosto, septiembre octubre y noviembre de 2021. La compañía había decidido no hacerse cargo de los gastos de la vivienda, después de que el socio de Aldama, Claudio Rivas, no consiguiera la condición de operador para su empresa Villafuel.
