Política

La juez manda de nuevo a la UCO a la Diputación tras detectar la desaparición de correos del hermano de Pedro Sánchez

La juez autoriza a la Guardia Civil a que vuelva a la Diputación de Badajoz tras constatar los agentes que en los correos de David Sánchez "existen espacios temporales que no muestran contenido" debido a un error informático

  • David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Segundo registro en la Diputación de Badajoz por el contrato con el hermano de Pedro Sánchez. La juez que investiga a David Azagra ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia civil, a que vuelva al ente público al constatar los agentes un vacío en los correos electrónicos al músico tras el registro inicial de la semana pasada.

La juez así lo acuerda en un auto que desvela en exclusiva Vozpópuli en el cual oficia a la Guardia Civil para que se persone de nuevo en la Diputación en busca de los correos corporativos del hermano del presidente del Ejecutivo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera necesario volver a recabar los correos corporativos del músico al constatarse un error con la documental intervenida.

En concreto, la UCO avisó en un oficio remitido al juzgado el pasado 16 de julio que del registro efectuado el pasado día 9 se descargaron las cuentas de correo intervenidas (entre ellas las de tres diputados del PSOE, como desveló este medio) y se almacenaron en dos discos duros quedando uno de ellos bajo custodia policial y el otro en el juzgado.

Los correos del hermano de Sánchez

Posteriormente solicitaron autorización a la juez Beatriz Biedma para el desprecinto del disco duro y del volcado de los correos comprobando que el contenido de los correos de los empleados de la Diputación de Badajoz coincidía con lo requerido en cuanto al espacio temporal.

Al respecto conviene recordar que la juez solicitó todos los mails del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de seis empleados del ente y de David Azagra (nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno). La instructora solicitó todas las comunicaciones corporativas de estas personas intercambiadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. En relación al músico el espacio temporal se alargaba hasta la actualidad.

Durante estas comprobaciones se ha detectado, respecto a la cuenta identificada (con el hermano de Pedro Sánchez) que, debido a errores informáticos, existen espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenidoOficio de la UCO del 16 de julio

Pese a no detectar problemas con ninguna cuenta oficial, la UCO determinó que, en la relativa al músico, percibieron que "debido a errores informáticos" existen "espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenido". Por ese motivo los agentes solicitaron a la instructora que se realizara un nuevo volcado de esta documental para poder acceder a la misma.

En respuesta, la juez ha dictado un auto de este mismo miércoles 18 de julio en el que encarga a la UCO su vuelta a la Diputación de Badajoz para practicar la diligencia. Así, informa de la misma a la Fiscalía (que se opone a investigar al hermano del presidente del Gobierno) y a las partes y avisa de que están obligados a colaborar.

"Póngase en conocimiento de los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro que, si bien la intervención de las comunicaciones electrónicas se hará directamente por agentes de la UCO desplazados al efecto a las dependencias de la Diputación Provincial que obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema (...) debiendo prestar toda la ayuda técnica necesaria que sea requerida", ordena la juez.

El contrato con la Diputación

De esta forma la titular del Juzgado de Instrucción número 3 avanza en el marco de esta causa en al que se pretende esclarecer si el contrato que firmó el hermano de Pedro Sánchez con la Diputación de Badajoz en julio de 2017 como coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar se creó especialmente para él.

El procedimiento, que arrancó a finales de mayo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias (entre otros) avanza con el impulso de las acusaciones populares que ejercen Vox y Manos Limpias, sindicato que en este procedimiento actúa bajo la asistencia letrada del abogado José María Bueno, quien, por su parte, rechazó ejercer la acusación del sindicato en las diligencias que se siguen en un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos.

La juez ordenó el primer registro para recabar los correos del presidente de la Diputación, empleados del ente y otros tres diputados del PSOE (Antonio Garrote, Francisco Martos y Cristina Núñez Fernández) ante las sospechas de que habrían fabricado la plaza que salió a concurso y que se adjudicó el hermano de Pedro Sánchez.

En su auto expuso que reafirmaba sus indicios contra el músico porque, pese a la documental recabada de la Diputación, no quedaba claro en qué consistía su trabajo ni tampoco si acude a él o, por el contrario, se ha ausentado del mismo, como sostienen las acusaciones.

Del mismo modo, expuso que llamaba la atención que estuviese un año sin tener despacho propio (pese a haber sido ascendido en 2021 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y que se le otorgara uno el pasado mes de mayo, coincidiendo con la interposición de la denuncia de Manos Limpias.

En paralelo, la juez sigue a la espera de que la Agencia Tributaria le responda al requerimiento solicitado hace un mes, relativo a las declaraciones tributarias presentadas en los cinco últimos periodos por parte del hermano de Sánchez, así como la averiguación de su lugar de residencia. Los investigadores sospechan que fijó su residencia en la localidad portuguesa de Elvas y que se habría ausentado de su puesto de trabajo pese a que el contrato estipula que se precisa presencialidad.

La UCO, por su parte, solicitó a la juez practicar el primer registro a la Diputación ante la sospecha de que "habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas donde existirían diferentes comunicaciones (entre los empleados del ente) para la consecución del fin perseguido".

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