Aún no hay fecha definitiva, pero la cuenta atrás y los preparativos ya han empezado. Se prevé que el Tribunal Supremo celebre el juicio del 'procés' en la primera semana de febrero. Las acusaciones ya han presentado sus escritos y sus respectivas peticiones de condena para cada uno de los procesados. Las defensas también han expuesto sus solicitudes. ¿Rebelión, sedición o absolución?
¿Rebelión o sedición?
El delito de rebelión establece penas de hasta 25 años de cárcel; el de sedición, de hasta 15 años. La disyuntiva se centra en precisar si hubo o no violencia durante el asedio a la Consejería de Economía -el 20 y 21 de septiembre de 2017- y en la celebración del referéndum independentista catalán del 1-O.
La Fiscalía General del Estado presentó el pasado noviembre su escrito de acusación contra los líderes del 'procés'. Mantuvo su postura: delito de rebelión. Por su parte, la Abogacía del Estado cambió -a última hora y a petición del Gobierno- su hoja de ruta y se inclinó por la sedición, que establece penas más bajas.
Los fiscales consideran que los investigados "contemplaban la utilización de todos los medios precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido". La Abogacía difiere.
La división de criterios se refleja en las penas pedidas por las acusaciones. Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el Ministerio Público pide 25 años de prisión. Solicita, también, 25 años de inhabilitación por el mismo delito y por malversación de fondos públicos. La Abogacía, al solo ver delito de sedición, malversación y desobediencia grave, requiere 12 años de cárcel para el líder de ERC.
Vox, que ejerce de acusación popular en la causa, acusa a Junqueras de dos delitos de rebelión (50 años de prisión), uno de malversación (12 años de cárcel) y otro de organización criminal (12 años más). En total, suma 74 años de prisión para el ex número dos del Govern.
¿Absolución?
El abogado de Sànchez, Turull y Rull aseguró el pasado 15 de enero en declaraciones a los medios que sus defendidos "no huyen de nada de lo que han hecho". Insistió en que las convicciones políticas y la ideología independentista de los tres acusados permanecen intactas. Y añadió que ninguno de ellos se avergüenza de lo que han hecho.
"Queremos declarar sin filtros. No permitiremos ni una manipulación más. Demostraremos de viva voz que no hemos cometido ningún delito y que se han inventado toda la violencia de la que nos acusan. La única estrategia violenta ha sido la de la represión contra el soberanismo", señaló el sábado, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
¿Qué piden las defensas?
El 15 de enero llegaron al Supremo las peticiones de Junqueras, Sànchez, Turull, Rull y Romeva. Posteriormente se fueron sumando las del resto de independentistas presos. Los letrados de cada uno de ellos presentaron sus escritos de defensa con su respectiva lista de requerimientos.
Algunos coincidieron en algunas de sus solicitudes: desde la citación como testigos en el juicio del rey Felipe VI, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; hasta la intervención de los acusados en catalán y la presencia de observadores internacionales.
¿A qué ha accedido el tribunal?
El tribunal aún no ha emitido el auto de admisión de prueba, pero, según fuentes jurídicas consultadas por 'Vozpópuli', se solicitará la declaración en calidad de testigo del expresidente Mariano Rajoy. Quedan descartados otros nombres propuestos. Se ha confirmado que no asistirán ni Puigdemont ni el Rey Felipe VI; el primero, por estar procesado en la misma causa; y el segundo, por estar exento como marca la ley.
Como adelantó El Español, los jueces consideran que existe base suficiente para citarle como testigo, dado que aparece en los relatos de la Fiscalía, la Abogacía y Vox. Sería la segunda vez que el exlíder del PP declare ante un juez; lo hizo en 2017, cuando testificó en la vista oral del juicio por la trama 'Gürtel' siendo aún jefe del Ejecutivo.
¿Cuándo será el juicio?
El magistrado que preside el tribunal que juzgará el 'procés', Manuel Marchena, envió esta semana un oficio al Ministerio del Interior. En él, informaba que el juicio comenzará en "fechas próximas al 5 de febrero".
Aunque no hay un día establecido para el inicio de la vista oral, el tribunal comunicó a la oficina de Fernando Grande-Marlaska un plazo estimado para que se adopten las medidas oportunas para garantizar la presencia de los políticos procesados presos. Asimismo, el tribunal insistió a Interior que de registrarse algún retraso, sería advertido a tiempo.
Nueve de los doce están recluidos en cárceles catalanas: Junqueras, Sànchez; Cuixart; y los exconsellers Turull, Rull, Romeva y Forn se encuentran actualmente en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Forcadell está en Mas d'Enric (Tarragona) y Bassa en Puig de les Basses, en Figueres (Girona).
¿Cuándo llegan los presos a Madrid?
La fecha prevista para el traslado de los nueve detenidos es el 29 de enero. Según una providencia difundida por "El Nacional", el Supremo informó que el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña le ha notificado su intención de iniciar el traslado de los presos a Madrid el próximo martes.
Los hombres irán a la cárcel madrileña de Soto del Real; las mujeres, a la prisión de Alcalá de Henares. Se prevé que todos permanezcan en sus nuevas ubicaciones mientras dure el juicio del 'procés'.
Asimismo, el Supremo ya ha acordado habilitar una sala en el recinto para los nueve acusados durante los recesos del juicio, dado que el edificio no dispone de calabozos.
¿Cuál es la hoja de ruta en Cataluña?
Este viernes, el sindicato independentista Intersindical-CSC convocó una huelga general para los días 5, 6 y 7 de febrero en Cataluña. Esperan que el paro coincida con el inicio del juicio a los líderes independentistas.
El gobierno catalán ajustará su agenda gubernamental al calendario del juicio para poder estar presentes en actos y concentraciones de protesta que puedan organizarse en Madrid, anunció el pasado 22 de enero, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi.
