Un Juzgado de Instrucción Número 49 Madrid ha citado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a un acto de conciliación con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador reclama a la vicepresidenta una indemnización de 40.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad, según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado Vozpópuli. Según fuentes jurídicas el acto tendrá lugar el próximo 2 de octubre a las 10:00 horas.
Los hechos se remontan al pasado 12 de marzo, cuando María Jesús Montero aprovechó la celebración de la sesión de control al Gobierno en el Senado para pedir explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". El empresario, que está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de facturas falsas, solicita una indemnización al considerar que dichas declaraciones atentan contra su derecho al honor y a la intimidad.
La Ministra de Hacienda arremetió contra el entorno de la dirigente 'popular'. "Me parece llamativo que tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión", comentó. "Se lo tiene que hacer mirar", aseguró la socialista en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Alta, "¿por qué no responde a esta cuestión?, insistió. "Actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".
María Jesús Montero reacciona a la investigación sobre González Amador
Las declaraciones de la responsable de la cartera de Hacienda llegaron como reacción a la denuncia presentada por la Fiscalía contra el novio de Ayuso por defraudar, presuntamente, 350.000 al erario público. Asimismo, se publicó que la líder del PP residía junto a su pareja en un piso de un millón de euros, eso sí, sin especificar si la vivienda fue costeada con el dinero del presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
Un acto de conciliación es el paso previo a interponer una demanda, por lo que es posible que la cita fechada para el próximo mes de octubre sirva para que la ministra de Hacienda y el empresario lleguen a una conformidad. No obstante, también existe la posibilidad de que Montero decline acudir a los juzgados, de tal manera que la interposición formar de una demanda enviaría el caso al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de la que goza la diputada socialista.
El papel del fiscal general del Estado y la revelación de secretos
En paralelo, la pareja de la presidenta madrileña continúa su litigio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Y es que, hace pocas semanas, el instructor Francisco José Goyena Salgado, citó a declarar como imputados a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, por la filtración de datos confidenciales de las conversaciones de la defensa de González Amador y Fiscalía.
Un caso que cerca, cada vez más, a Álvaro García Ortiz, tras la publicación de unos mensajes de WhatsAPP en los que el fiscal genera ordena a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que se publique desde su gabinete de prensa una nota con detalles del pacto de conformidad entre el empresario y el Ministerio Fiscal. Circunstancia admitida por el propio fiscal general que explicó que el borrador que se difundió el pasado 14 de marzo a los medios de comunicación "no se hubiera distribuido" sin su "previa autorización" y sus "instrucciones expresas y directas".
