Nueva maniobra de Pedro Sánchez. Sólo cinco meses después de que fuese investido de nuevo como presidente, el secretario general del Partido Socialista amenazaba el pasado miércoles con la posibilidad de una futura dimisión que dejaba al país en vilo durante cinco días, incluido su núcleo duro en el Gobierno. Finalmente, nada nuevo en Moncloa, Sánchez se queda y con el firme objetivo de trabajar para lo que él llama la "regeneración pendiente de nuestra democracia".

Bajo esta premisa, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes su continuidad al frente del Ejecutivo. Su discurso ha estado plagado de críticas a los medios de comunicación y al ejercicio de los jueces españoles, en concreto, en lo relativo a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Sánchez. "Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común", ha sentenciado.

El anuncio del presidente del Gobierno ha sido interpretado por muchos como un nuevo pulso al Poder Judicial que aumenta la presión a la carrera judicial, tras meses de ataques directos a jueces por parte del Ejecutivo. Sánchez ha hecho suyas la premisa defendida desde hace tiempo por sus socios independentistas y se une a una larga lista de embestidas públicas perpetradas por diferentes miembros de su Consejo de Ministros contra diferentes decisiones judiciales.

En enero de 2020, tan solo una semana después de que Pablo Iglesias se estrenara en el Gobierno como vicepresidente segundo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad apercibir al líder de Podemos por atacar la decisión del Tribunal Supremo tras el juicio del 'procés'. "Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español", apuntó Iglesias.

El órgano de gobierno del Poder Judicial salía, así, en defensa de la labor de los magistrados que enjuiciaron la causa contra los líderes independentistas contra un vicepresidente. El Ejecutivo de coalición daba las primeras pinceladas de lo que, ahora, se ha convertido en una ley de amnistía. El partido socio de Gobierno presentaba sus cartas frente la sentencia del 'procés'.

Ley del 'sí es sí' y los jueces "machistas"

Dos años después, llegaría el turno de su compañera de partido, Irene Montero. La ministra de Igualdad sacaba adelante su medida estrella: la ley del 'sólo sí es sí'. La aprobación de la norma desencadenó centenares de rebajas de pena a agresores sexuales, lo que derivó en acusaciones a los jueces por parte del equipo de Montero de prevaricación.

Las declaraciones de la exministra de Igualdad se produjeron en las mismas fechas que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba un comunicado en relación con las resoluciones judiciales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual. "La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que 'tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'", compartió el CGPJ.

Irene Montero arremetió contra los magistrados y aseguró que "el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente" la ley del 'solo sí es sí' "o que la apliquen de forma defectuosa". La ministra copó todas las portadas nacionales tras animar a la aprobación de una "formación obligatoria" para los jueces de manera que estos recibieran información especializada para "cumplir con las normas feministas".

'Lawfare' y acuerdo de Gobierno

Pronto las críticas a los jueces cambiarían de lado y empezarían a florecer desde las filas socialistas. El Gobierno de Sánchez arrancaba la legislatura con calificaciones de 'lawfare' y ataques al CGPJ. El germen de la ley de amnistía nacía en un acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Junts que sentaría de nuevo a Sánchez en el sillón de Moncloa.

De hecho, el documento firmado por ambas formaciones iba más allá, se incluía la creación de comisiones parlamentarias en el marco de las cuales se citaría a jueces y magistrados que hayan llevado casos que afectan al independentismo catalán, como el espionaje del CNI con Pegasus o la operación Cataluña. El Ejecutivo prometía por escrito la comparecencia de jueces en el Congreso de los Diputados.

El órgano de gobierno del Poder Judicial volvió a salir en defensa de los jueces y condenó la maniobra de los socialistas. El mensaje fue claro, los jueces están obligados por ley a guardar el secreto de los procedimientos que han instruido o juzgado, por tanto, se aconsejaba desatender futuras citaciones en las Cortes.

García-Castellón en el punto de mira del Ejecutivo de Sánchez

Por último, los de Sánchez volvían a la carga después de que el juez García-Castellón solicitara al Tribunal Supremo imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami. En una entrevista en TVE, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cargó contra la decisión del juez, al que acusó de tener "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección", que saca a relucir "en momentos sensibles".

Tras ser preguntada si consideraba las actuaciones del juez García Castellón un caso de 'lawfare', Ribera contestó que es "capital" entender que no sólo es importante en ejercicio del Poder Judicial, sino que también es de considerar "las formas y las motivaciones". "¿Está dudando de que al juez le pueda guiar un criterio político?", le preguntó entonces la periodista. "La hemeroteca muestra que [García-Castellón] siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen esas afirmaciones, pero es su tarea", respondió la vicepresidenta.

Tras las declaraciones de la que será cabeza de lista del PSOE en los comicios europeos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que cargaba contra el Gobierno por las declaraciones de Teresa Ribera. El CGPJ entienden que las manifestaciones de la vicepresidenta tercera "son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho".

En resumen, los choques del Gobierno de Sánchez con el Poder Judicial se han venido precediendo prácticamente desde que accedió a la presidenta. Este viernes, las alusiones a la labor de los jueces se ha producido directamente a las puertas de Moncloa, en una declaración institucional sin la presencia de medios de comunicación. Sánchez sólo frente a lo que él mismo ha calificado como "bulos deliberados", el "fango" que ha puesto en jaque su liderazgo al frente del Ejecutivo.

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