La reforma de la denominada ley de Seguridad Ciudadana -conocida como sus detractores como 'ley mordaza'-, avanza poco a poco en el Congreso. Los grupos políticos han retomado este miércoles la revisión del texto que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta y comienzan a perfilar la futura redacción del texto.
En la segunda reunión de la ponencia que estudia la reforma, los partidos acercaron posturas sobre parte del capítulo tercero para acotar la redacción del artículo que describe cómo deben practicarse los registros corporales en la vía pública, así como las identificaciones de individuos por parte de los agentes de policía.
Las distintas fuerzas coinciden en que los denominados 'cacheos' en la calle sólo puedan ser "superficiales", se deban realizar con la "mínima" intervención por parte de los agentes y con "más garantías" para la intimidad y la identidad sexual de la persona. En este sentido, el futuro texto podría recoger que se deba trasladar a dependencias policiales al individuo en caso de que haya que retirar prendas o incluso desnudarle para realizar un cacheo "en profundidad". Se excluyen aquellos casos en los que los policías perciban "peligro inminente para las personas".
Asimismo, en lo relativo a las identificaciones, los grupos pretenden reducir el tiempo máximo que un ciudadano puede permanecer en comisaría si los agentes le requieren el documento nacional de identidad (DNI) y no lo lleva consigo. Fuentes parlamentarias aseguran que aún esperan un informe del Ministerio de Interior para concretar cuál es el tiempo mínimo imprescindible para cumplir tal cometido, ya que consideran que las seis horas actuales de las que habla la norma son "excesivas".
Unidos Podemos y Compromís abogan en sus enmiendas por fijarlo en un máximo de dos horas, salvo cuando otro tipo de circunstancias justifiquen una mayor duración. Asimismo pretenden fijar por Ley que los ciudadanos tengan derecho a comunicarse durante el tiempo que permanecen en las dependencias. Y, si no tienen medios propios, que sea la policía quien les facilite "una llamada efectiva" para comunicar su situación a sus allegados, como ocurre en el caso de los detenidos.
La ponencia encargada de la revisión de la norma ve con buenos ojos que las fuerzas de seguridad deban avisar antes de acceder a edificios públicos. Según fuentes parlamentarias, la mayoría de los partidos han sentado las bases para que la policía tenga que comunicar a la autoridad competente o al funcionario de turno que van a acceder a dependencias públicas, como por ejemplo un ayuntamiento.
Por otro lado, también están de acuerdo en que cualquier tipo de registro en un domicilio deba hacerse mediante mandamiento judicial, aunque Ciudadanos había propuesto que aquellos que afectasen a los llamados 'narcopisos' no requiriesen dicha autorización.
La ponencia se reunió el pasado 27 de noviembre por primera vez para empezar a discutir la proposición de ley del PNV que busca el cambio de la norma y estudiar las más de 200 enmiendas que los distintos grupos han registrado. Tras la reunión de este miércoles, el órgano parlamentario volverá a reunirse el 6 de febrero para seguir con el análisis de los artículos.
En esa sesión está previsto que el tono del debate se eleve y que los distintos partidos comiencen a discutir los aspectos más conflictivos como las sanciones administrativas, o las cuestiones relativas al mantenimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones.
