Menos de 48 horas después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictase prisión provisional sin fianza para el exconseller de presidencia Jordi Turull, los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue arrestado en la frontera alemana cuando intentaba regresar en coche a Bruselas desde Finlandia.
En la mañana del viernes el juez comunicaba el procesamiento por un delito de rebelión -penado con hasta 25 años de prisión- a 13 de los investigados en la causa del procés. Por la tarde aceptaba la petición de la Fiscalía y dictaba una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que decidía no presentarse ante el juez y escapar a Suiza. El juez la atribuye un papel "esencial" en la coordinación del "procés".
Reactivaba también la euroorden para otros cinco implicados que huyeron hace meses de la Justicia española. Los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluís Puig y el propio Puigdemont. A este último la euroorden le sorprendía en pleno viaje a Finlandia, a donde se había trasladado en su intento de internacionalizar la causa soberanista, invitado por un grupo de diputados simpatizantes con el independentismo catalán.
Con su decisión, el juez sienta las bases de su acusación contra lo que considera como el núcleo duro del 'procés' y les achaca distintas responsabilidades en una estrategia "criminal" en la que sabían que sus acciones podían acabar generando un "fanatismo violento" de muchos de sus simpatizantes. El magistrado que instruye la causa contra el proceso soberanista se basa en dos fundamentos clave. La violencia fue alentada desde las instituciones en el proceso hacia la independencia y el plan no ha sido suspendido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se mantiene "latente" hasta que se pueda volver a reactivar.
Llarena sólo dejó fuera de su auto de procesamiento a tres de los 28 investigados en el Supremo por la causa del 'procés': el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
Apenas veinticuatro horas antes de la detención de Puigdemont, los diputados independentistas junto a los de Catalunya en Comú-Podem cuestionaron en un acto dentro del Parlament la imparcialidad del magistrado Llarena y denunciaron el encarcelamiento preventivo de los procesados.
Tras el arresto de Puigdemont se abre un proceso judicial en Alemania, en el que las autoridades germanas deberán estudiar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y decidir sobre su extradición a España. Tienen un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales. El futuro de Puigdemont se complica de manera notable puesto que los delitos por los que está procesado en España tienen equivalente en las leyes alemanas, que contemplan penas incluso más duras. El Código Penal germano establece duras penas de entre diez años y cadena perpetura para el delito de alta traición.
