El abogado del PP procesado por destruir los discos duros de dos de los ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede nacional de la formación política, Alberto Durán, ha acusado en el juicio que se celebra este jueves en Madrid al extesorero del PP de tratar de preconstituir pruebas para iniciar un litigio laboral, en el que acabó pidiendo 600.000 euros.
En concreto, ha negado que Bárcenas tuviera un despacho, sino que simplemente se dejó una sala común para tuviera los documentos que había atesorado a la largo de sus veinte años en el partido, y que solo el extesorero tuviera acceso a la sala Andalucía: "Había muchas llaves, y el señor Bárcenas ha mentido mucho en este procedimiento", ha zanjado Durán.
En su testimonio, el letrado del PP ha explicado también que tras tener conocimiento de que Bárcenas tenía "una gran fortuna en Suiza", en el partido se le ordenó que desalojara al extesorero de la sala Andalucía. Y al entrar en esta estancia de la sede nacional del PP vio que había tres ordenadores: "Deduje que era material del partido, porque era razonable y ordené que se retiraran", ha completado el procesado.
Al enterarse de esta decisión, según Durán, Bárcenas se enfadó muchísimo: "Porque él pensaba que el Partido Popular era suyo y que esa sala era suya…", ha completado el letrado, en el primero de los interrogatorios del juicio que se inició con las cuestiones previas el pasado viernes.
La declaración se ha celebrado después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, rechazara suspender la vista oral, como le habían reclamado las acusaciones, que habían pedido más tiempo para analizar un informe pericial aportado por el Partido Popular esta misma semana.
El documento, exculpatorio para el PP, fue aportado el primer día del juicio, el pasado viernes, pero las acusaciones, Izquierda Unida-Los Verdes , la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Observatori DESC, no lo han recibido hasta este martes.
De esta forma el magistrado, que ha decidido mantener al PP como persona jurídica en el banquillo de los acusados, ha hecho caso a las defensas, que no querían la suspensión de la vista oral, ya que la interrupción, según ha relatado el abogado del PP, Jesús Santos, lo que haría es "perpetuar y mantener esta injusta acusación".
No hay indefensión
"Se va a rechazar la interrupción", ha asegurado el magistrado, que ha rechazado la petición de las acusaciones: "Lamento que el informe haya llegado tan tarde a las partes. Creo que el retraso se debe a razones técnicas no a la voluntad de la parte que la aporta. Lamento que tengan que hacer un esfuerzo para ilustrarse en tan poco tiempo", ha reconocido el juez, que ha negado que este hecho cause indefensión a las acusaciones.
En el banquillo de los acusados se sientan el partido, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática.
La vista comenzó la semana pasada con las cuestiones previas, en las que el PP intentó sin éxito librarse del juicio aplicando la doctrina Botín porque sólo hay acusaciones populares -ejercidas por IU y otras asociaciones-. La Fiscalía no ve delitos y Bárcenas retiró su denuncia.
Cospedal y Bárcenas
Junto a Cospedal y Bárcenas, que será trasladado al juzgado desde Soto del Real, donde cumple una condena de 33 años de prisión por el caso Gürtel, hoy están citados como testigos el cuñado del extesorero y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y su secretaria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez. También declararán los acusados.
En la instrucción del caso el PP alegó que había destruido los discos duros en aplicación de la Ley de Protección de Datos cuando Bárcenas abandonó el partido y los empleados acusados sostuvieron que se siguió el protocolo habitual y que, además, no había archivos en los ordenadores.
No hay señal de televisión de las declaraciones, ya que el juez decidió no facilitarla a los medios de comunicación -que sí pueden estar presentes en la sala sin cámaras ni grabadoras- para proteger la imagen de los tres empleados del PP, al considerar que no son personajes públicos.
