No había otro tema de conversación. La intervención de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum ilegal ha hecho daño en Cataluña. La indignación ante lo que Puigdemont se afana en calificar como "la agresión del Estado opresor" ha calado, incluso aquellos que no independentistas.
Las terrazas de los bares, los ascensores de la oficina o cualquier autobús eran buen sitio para reforzar ese sentimiento de rabia que TV3 se había encargado de exaltar emitiendo en bucle las imágenes más violentas de la jornada anterior.
Claro que las portadas internacionales reforzaban el mensaje del Ejecutivo catalán. ¡Más de 800 heridos!, clamaba Puigdemont en una comparecencia al mediodía desde el Palau de la Generalitat. Una cifra muy cuestionada desde Moncloa. Sólo cuatro hospitalizados y 73 denuncias presentadas.
Al mediodía, las puertas de los edificios se llenaron de gente a modo de simulacro de incendio. Todo el mundo contaba cómo había vivido el domingo y mostraba así su enfado contra el empleo de la fuerza frente a la resistencia pasiva. "Desproporción brutal", decían muchos.
En varios colegios donde tuvieron lugar las intervenciones policiales, las profesoras sacaban a los más pequeños al patio para explicarles la importancia del diálogo. Inocentes ellos, asentían ajenos a lo que había pasado un día antes en su espacio de recreo.
"Han generado un sentimiento de odio que antes no existía", comentaba un veterano cronista parlamentario de la Cámara catalana. "No pueden llegar aquí a repartir hostias a gente por querer votar", aseguraba un camarero cordobés que trabaja en Barcelona desde 2012.
Es quizás a los jóvenes a quienes más les afecta el relato de la "agresión estatal". Muchos dan por descontado que las imágenes sangrientas permanecerán en la retina de una generación que ya ve a España como un ente lejano que cercena su libertad.
