El juzgado de Barcelona mantiene bloqueadas las cuentas bancarias a los 17 cargos y técnicos del Govern procesados por malversación por el 1-O, una semana después de que completaran la fianza de 5,8 millones de euros que se les impuso, con dinero y con propiedades depositadas en aval.
En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, la secretaria del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, acuerda trasladar a la juez la petición de las defensas de que se les levante el embargo, pero mientras tanto mantiene bloqueadas las cuentas de los procesados.
El pasado jueves, los 17 procesados por malversación por la organización del 1-O depositaron en el juzgado cerca de 875.000 euros -aportados por ERC, la Asociación Catalana por los Derechos Civiles y la caja de solidaridad-, con lo que cubrieron 5,1 de los 5,8 euros que la juez les fijó como fianza.
Además, presentaron varias propiedades inmobiliarias como aval de los cerca de 700.000 euros que quedaban por pagar -fincas que el juzgado tiene la intención de tasar-, al tiempo que solicitaban en un escrito que se les levantara el bloqueo de sus cuentas, lo que necesitan para hacer frente a sus gastos y pagos ordinarios.
Caja de solidaridad
Paralelamente, la Caja de Solidaridad inició el pasado fin de semana una nueva recogida de fondos para recaudar los 700.000 euros con los que levantar el embargo a los procesados y este jueves ha aportado al juzgado los 190.000 euros que ha podido reunir en los últimos días.
En su escrito, la secretaria del juzgado -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20S en la conselleria de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del "procés"- hace constar que se ha iniciado el embargo de las cuentas de los imputados "al no atender el requerimiento" del auto que les ordenaba depositar la fianza.
De hecho, en una primera fase, los procesados depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la Caja de Solidaridad-, al tiempo que recurrieron las fianzas argumentando que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
Por decreto
Sin esperar a que la juez resolviera los recursos, la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro dictó un decreto para acordar el embargo de las cuentas corrientes de los procesados, el pasado 21 de mayo.
Por los preparativos del 1-O, la juez procesó a 30 cargos de la Generalitat, técnicos y empresarios, a 17 de ellos por un delito de malversación, por lo que les impuso una fianza de 5,8 millones de euros por las sumas presuntamente desviadas en la organización del referéndum.
Además de los recursos que las defensas han presentado contra el procesamiento y contra la fianza fijada, la juez debe resolver la petición de la Fiscalía de imputar un delito de organización criminal a 28 de los investigados por los preparativos del 1-O.
