Fernando Grande-Marlaska afronta una semana decisiva, quizá la más determinante en términos políticos desde que tomara las riendas del Ministerio. En los próximos días recibirá la reprobación del Senado, donde el PP impondrá su mayoría para suspender la gestión del ministro al frente de Interior; idéntica amenaza se cierne sobre él en el Congreso de los Diputados, donde Podemos estudia secundar la moción de los populares. La crisis de Barbate -con el asesinato de dos guardias civiles en manos de los narcos-, la gestión migratoria y diversos reveses judiciales minan su gestión. Así, en sus horas más bajas, se enfrenta a su dictamen.
Los acontecimientos que se han vivido en la última semana han marcado, indican fuentes de seguridad, las jornadas más duras de Marlaska desde que llegara al número 5 del paseo de la Castellana, sede del Ministerio del Interior. Porque el asesinato de los dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, pone de manifiesto que Campo de Gibraltar aún es, seis años después, un escenario inhóspito, tomado por los narcos, donde la seguridad de los propios agentes está en entredicho.
Interior saca pecho. Presume de que desde julio de 2018 ha invertido 40,2 millones de euros en la adquisición de vehículos, embarcaciones, drones, material de protección y medios tecnológicos destinados a las unidades que actúan en el campo de Gibraltar; así como 82,1 millones en la ejecución del plan especial de seguridad diseñado para la región.
Pero prácticamente todo el espectro político -a salvedad del PSOE, que lo ha defendido, y algunos de sus socios nacionalistas, por omisión-, así como sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, han arremetido contra Marlaska: consideran que la aplicación de una Zona de Especial Singularidad, con medidas excepcionales para los agentes destinados en Campo de Gibraltar, y la continuidad de la unidad de élite de OCON Sur, suavizarían el acoso que sufren los uniformados en esta región tomada por los narcotraficantes.
Y no es sólo la actividad de los criminales la que amenaza la integridad de los agentes; también las de aquellos que los jalean y abrazan, atraídos por las mieles del dinero fácil que supone el narcotráfico en una zona deprimida económicamente. "¡A por ellos!", jaleaban desde tierra firme aquellos que presenciaban las embestidas de la narcolancha contra la embarcación del Instituto Armado.
El ministro del Interior asegura mano firme contra los delincuentes, si bien algunos de los acontecimientos vividos esta semana suponen una muesca indeleble. La tensión que se vivió en el funeral de uno de los agentes asesinados, celebrado en Pamplona, representó un revés difícil de capear incluso para el ministro más respaldado.
Crisis migratoria
Pero lo cierto es que los hechos de Barbate alcanzan a Marlaska cuando su gestión ya era objeto de duras críticas. Porque si la lucha contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar supone uno de los ejes principales en torno a los que ha articulado su mandato, el otro se centra en la política migratoria. Los informes oficiales del Ministerio del Interior revelan que en el año 2023 llegaron a España 56.852 personas por vías irregulares, frente a las 31.219 del año anterior.
Casi 40.000 lo hicieron con destino a Canarias, provocando el colapso de las Islas y el consiguiente traslado a diversos puntos de la Península. La dinámica en 2024, lejos de volver a sus cauces habituales, amenaza con superar los datos de 2023, atendiendo a las inestabilidades que sacuden los principales países de origen y tránsito de los inmigrantes.
Una crisis migratoria que vivió sus momentos más convulsos con la muerte de 23 inmigrantes -según fuentes oficiales- que trataban de acceder en junio de 2022 a Melilla por vías irregulares. Una investigación periodística puso en duda la versión ofrecida por Interior, asegurando que algunos de los decesos se produjeron en suelo español. Marlaska también se vio cuestionado por el Defensor del Pueblo. En esas fechas también fue reprobado por el Congreso de los Diputados.
Reveses judiciales a Marlaska
A las dificultades vividas en materia de inmigración y lucha contra los narcotraficantes habría que sumar los reveses judiciales que Marlaska acumula durante su mandato. El más sonado fue el del coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado de forma ilegal según el Supremo, al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. El mando del Instituto Armado se enfrentó a un árido proceso judicial hasta que los tribunales le dieron la razón ante Interior.
Su cese, además, desencadenó una profunda crisis entre los uniformados de verde, con una cascada de destituciones y renuncias en los más altos estamentos del cuerpo. Marlaska confiaba en María Gámez para redirigir la institución, pero esta dimitió después de que su marido se viera envuelto en un supuesto caso de corrupción.
El ministro encomendó entonces la Guardia Civil a Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid: duró dos meses y medio al incorporarse a las listas del PSOE de las elecciones generales. El exdirector de Protección Civil, Leonardo Marcos -también embarrado por la crisis de Barbate-, es desde entonces el máximo representante del Instituto Armado. En apenas tres meses, Marlaska contó con tres directores generales.
El de Pérez de los Cobos no es el único revés judicial que ha sufrido el exjuez de la Audiencia Nacional, ahora ministro del Interior. Los tribunales también consideran que se incumplió la ley en la devolución de menores de Ceuta a Marruecos. Y aún hay varios procedimientos abiertos relacionados con las condecoraciones policiales, entre otros.
El hacinamiento de inmigrantes en Barajas, el traslado de los presos de ETA -incumpliendo la promesa que hizo a las asociaciones de víctimas del terrorismo-, las críticas a Ciudadanos después de que algunos de sus miembros se vieran envueltos en incidentes en el Orgullo de Madrid o la utilización política de la falsa agresión homófoba a un individuo en Madrid son otros de los episodios que han generado una airada polémica en torno al titular del Interior.
Un ministro, Fernando Grande-Marlaska, que es el peor valorado de todos, según las encuestas del CIS. Y que, pese a todo, ha batido el récord de permanencia en Interior. Esta semana afronta su examen definitivo, con la reprobación del Senado y la que podría llegar desde el Congreso, en función de la posición que asuma Podemos.
