La mayoría independentista de JxCat y ERC en la Mesa ha acordado este martes pedir a los servicios jurídicos del Parlament que estudien una posible querella como respuesta al auto del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, con el que denegó a Jordi Sànchez su salida de prisión para acudir a la investidura.
Fuentes parlamentarias han explicado que JxCat y ERC, que tienen cuatro de los siete miembros de la Mesa, han decidido en la reunión del órgano pedir al secretario general del Parlament, Xavier Muro, que analice la posibilidad de acciones penales y que, si es necesario, busque asesoramiento en penalistas externos a la Cámara.
De concretarse, las acciones las emprendería el Parlament como institución y serían contra la decisión de Llarena de no autorizar a Sànchez su salida de prisión para acudir a la sesión de investidura prevista inicialmente para el pasado lunes y que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, finalmente aplazó sine die.
Dentro de este análisis que deberán hacer los servicios jurídicos se determinará qué tipo de acción penal es la más adecuada, quién es objeto de la misma -sin descartar al propio Llarena- y a qué instancia se recurre, según las mismas fuentes.
En paralelo, la defensa de Sànchez sigue su propio recorrido judicial, primero con un recurso de apelación presentado este lunes ante el TS, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
