El desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez que el CIS ha detectado esta semana hasta dejar al PSOE prácticamente en empate técnico con el PP si ahora hubiese elecciones generales, se incrementará en los próximos meses, y como mínimo hasta otoño, según prevén fuentes socialistas.

La llegada del verano, la incógnita de cómo podrá concluir la negociación de una investidura en Cataluña, la parálisis legislativa y, sobre todo, el laberinto judicial que en diversos frentes afecta a La Moncloa, dejan de momento a Sánchez con escaso margen de maniobra.
En primer lugar, en los últimos días el PP se ha encargado de enfriar la expectativa de un acuerdo inminente con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque en sectores judiciales ya circula una lista con hasta una quincena de nombres con puesto asegurado en un hipotético nuevo CGPJ, se mantiene en absoluta reserva el nombre de quién ocuparía la nueva presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo.

El hermetismo es absoluto, y la prevención en la dirección del PP ante la certeza de amplios sectores de que Sánchez está en otro "proceso de engaño", han ralentizado un acuerdo que ya no es inminente. Especialmente combativa en este sentido es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Bolaños y la urgencia del CGPJ

No obstante, Vozpópuli ha podido saber que en los dos últimos meses, el propio ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha sondeado incluso a magistrados conservadores del Tribunal Supremo para ofrecerles esa presidencia como 'anzuelo' para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cediese para poner fin a una anomalía que dura ya más de cinco años y que preocupa especialmente en la Unión Europea.

De momento, son varios los magistrados del Supremo que han rechazado esa opción, que llevaba aparejada como oferta socialista al PP la cobertura de la plaza número doce del Tribunal Constitucional, vacante desde que renunciase el magistrado conservador Alfredo Montoya hace más de dos años por motivos de salud.
Esta negociación drásticamente enfriada en los últimos días tiene una segunda derivada de alcance político dentro del Gobierno y del PSOE. Fuentes socialistas admiten la urgencia que tiene Sánchez por aclarar el panorama.

Prueba de ello es que, tras conocer que el PP es muy reacio a dar el salto de un acuerdo global que incluya en un mismo paquete la renovación del Consejo de RTVE, la presidencia del Banco de España, esa vacante del TC y el CGPJ, el miércoles Sánchez lanzó el mensaje, públicamente y en el Congreso, de que "lo haremos, con ustedes o sin ustedes".

Diseñar una crisis de gobierno

La urgencia de Sánchez, especulan en el PSOE, pasa por afrontar una crisis de gobierno, que calculan tras el verano, de la que debería salir la vicepresidenta Teresa Ribera, camino de una comisaría europea de Energía. Y sospechan que esa crisis pasaría también por sustituir a otros ministros, incluso a Bolaños.

Primero, porque hay sectores del PSOE que lo ven como sustituto de Juan Lobato al frente del PSOE madrileño. La irritación de Ferraz y de Moncloa con Lobato es notable desde hace meses, y la desconfianza en su proyecto ha crecido por haberse desmarcado de Sánchez en numerosas ocasiones.

Y segundo, porque las mismas fuentes creen que Sánchez "lo está quemando deliberadamente" con una negociación del CGPJ que en realidad Sánchez no querría, para que una vez fracasada pueda afrontar con sus socios una reforma legal que le permita, con mayoría absoluta y ya no la cualificada de tres quintos del Congreso, diseñar un nuevo CGPJ a la medida del PSOE.
En el PSOE hay quien calcula también que esa hipotética crisis de gobierno afectaría también a Pilar Alegría, a quien desde hace ya más de un año se sitúa al frente del PSOE aragonés en sustitución del amortizado Javier Lambán.

No es ninguna novedad, como tampoco lo es que el ministro de Agricultura, Luis Planas, o la vicepresidenta María Jesús Montero, podrían recibir el encargo de rearmar el PSOE andaluz tras el proyecto fallido de Juan Espadas. Aunque Planas no ha estado en demasiadas quinielas y su labor al frente de Agricultura es bien valorada por Sánchez, hay sectores del PSOE que le atribuyen un perfil "tranquilo y moderado" similar al de Juanma Moreno, y apuestan por él frente a Montero, que a su vez es vicesecretaria general del partido, y tendría complicado ejercer esas funciones desde Andalucía si tuviese que abandonar Madrid. También conceden mucha verosimilitud a la tesis de que Diana Morant abandonaría el Gobierno para recomponer al partido en la Comunidad Valenciana.
En cualquier caso, la compleja ecuación queda completada por la imposibilidad, a día de hoy, de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y las amenazas de partidos pertenecientes a Sumar, como Compromís, de vetar cualquier pacto de 'financiación singular' con Cataluña. Además, está la evidencia, expresada por la propia Montero, de que resultaría muy complejo pactar cualquier cuestión alusiva a la financiación autonómica sin un acuerdo global con el PP.
Con todo, es el 'jeroglífico judicial' lo que más inquieta al PSOE. De un modo u otro, prevén que la ejecución de la amnistía quede bloqueada en breve. O bien porque el Tribunal Supremo decide una 'aplicación selectiva' que excluiría, entre otros, a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras, dado que los delitos de malversación y terrorismo chocarían con la legislación europea; o bien porque finalmente decidan plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que paralizaría su aplicación de inmediato, y durante un periodo de entre dos meses y un año, como mínimo.

A esto se une una nueva complicación: la decisión del juez de Barcelona Joaquín Aguirre de elevar una exposición razonada al Supremo para que investigue a Puigdemont también por un presunto delito de traición a través de la conexión de líderes del 'procés' con una trama rusa de financiación vinculada a la declaración unilateral de independencia de 2017.

Magistrados "encerrados"

Fuentes judiciales mantienen también hermetismo en este sentido. Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo llevan días "encerrados" estudiando los argumentos de la Fiscalía favorables a aplicar la amnistía, pero sobre la idea generalizada de combatirlos.

No será hasta finales de la semana que viene cuando los magistrados Manuel Marchena, Pablo Llarena y Susana Polo se pronuncien. Al menos ese es el cálculo en la Sala. En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón mantiene paralizada la idea de recurrir ante Europa, al menos hasta que se pronuncie el Supremo.

Lo cierto es que magistrados de la Sala Penal consultados por Vozpópuli asumen que se trata de una "decisión difícil que debe estar muy argumentada". No obstante, apuestan a día de hoy por esa "aplicación selectiva", de modo que, en ese caso, Puigdemont no se verá beneficiado por la amnistía, y menos aún si llega a investigársele por un nuevo delito, el de traición, no contemplado en la ley de amnistía.

De acudir a Europa, y a priori, el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, que pese a sus avisos ahora parece tener descartado regresar a España hasta que el panorama de su situación procesal en las distintas causas pendientes se le haya aclarado definitivamente.
Eso, sostienen las fuentes socialistas, alteraría mucho el alambicado panorama político. "Puigdemont es imprevisible, y la investidura de Illa se está complicando sobremanera porque ERC está en plena guerra civil, discutiendo a Junqueras, y manejando seriamente la opción de provocar unas nuevas elecciones autonómicas".

¿Una recusación de Peinado?

Al margen queda la notable preocupación en La Moncloa por los efectos que pueda tener en adelante la investigación penal a Begoña Gómez. Las mismas fuentes esperan 'maniobras' de Moncloa en los próximos días, antes de que el 5 de julio la mujer del presidente del Gobierno tenga que acudir a declarar al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado. Esas maniobras, manejan las fuentes, pueden pasar por un 'efecto sorpresa' consistente en la recusación del juez por una supuesta falta de imparcialidad o, incluso, por un criterio de 'enemistad manifiesta'. Los ácidos intercambios de 'mensajes' entre el juez y el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, tendrían ese objetivo por parte de la defensa.
De producirse, con mucha probabilidad se aplazaría la declaración de Gómez al menos hasta después de verano porque esa hipotética recusación tendría que ser resuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que prolongaría el proceso hasta agosto, mes inhábil en los Tribunales. De cualquier modo, el pronóstico procesal es incierto para Begoña Gómez y eso añade inquietud y prisas a La Moncloa. El plus de desgaste, al menos hasta el otoño, lo dan por garantizado en fuentes del PSOE.

• Tags
• Alberto Núñez Feijóo
• Amnistía
• Begoña Gómez
• Carles Puigdemont
• Cataluña
• CGPJ
• CIS
• ERC
• Félix Bol