Ni casos puntuales ni sobornos aislados. El pago de mordidas a políticos por parte de OHL era una "práctica generalizada" con una finalidad específica: conseguir contratos de obra pública en cualquier parte de España. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía anticorrupción tras un año de pesquisas realizadas por la Guardia Civil y consta en un escrito del 13 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli. Ahora, el ministerio público tendrá que demostrar su acusación ante el juez y para ello se valdrá de las conversaciones que un exdirectivo de la propia constructora grabó entre 2006 y 2009.
La afirmación de los fiscales tiene lugar dos meses después de que se diera a conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investigaba en una pieza secreta del caso Lezo las presuntas mordidas de la OHL en varias regiones del país. El monto de las comisiones ilegales examinadas rondaría los 40 millones de euros e involucraría a diferentes políticos.
Tras más de un año de investigaciones, el Ministerio Fiscal y el Instituto Armado dan por destapados hechos que indiciariamente revelan una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".
Hasta ahora, del lado de los políticos han sido salpicados Adrián Baltanás, hombre de la máxima confianza de la actual presidenta del PSOE Cristina Narbona, y Luis Suárez Trenor, ex dirigente de Coalición Canaria y presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Fuentes del caso indican a Vozpópuli que también estarían involucrados políticos de otros partidos.
Del lado de OHL, los principales señalados han sido Felicísimo Ramos y Paulino Hernández. El primero se desempeñó como director de control de gestión de la constructora; el segundo, como director general de obra civil nacional.
Grabación de comisiones millonarias
Tanto Ramos como Hernández comparecieron en el marco de los primeros interrogatorios del caso Lezo. Lo hicieron en calidad de testigos de la supuesta mordida de 1,4 millones de euros que habría cobrado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por parte de OHL.
El 8 de marzo, Hernández declaró nuevamente ante el juez. En su declaración, reconoció ser el autor de todas las grabaciones que los agentes de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil hallaron en su domicilio el 27 de febrero de 2018. En aquel registro fueron incautados dos discos duros y cinco móviles en los que el juez sospechaba que estarían las grabaciones con los funcionarios que recibieron sobornos de la constructora.
Finalmente, son 21 audios puestos a disposición de la causa en los que se destapan las mordidas, según señala la Fiscalía en su escrito. Sin embargo, en la declaración del pasado marzo "se procedió a la audición de uno solo de los referidos audios, seleccionado fundamentalmente porque su interlocutor también fue citado para declarar al mismo tiempo".
Citarán a los políticos salpicados
A las explicaciones de Hernández se suman las versiones de otros cuatro directivos de OHL que a principios de mayo respondieron a las preguntas de los fiscales. Todos negaron la existencia de mordidas e insistieron en que lo que se investiga en la Audiencia Nacional es una serie de adelantos que debía hacer la compañía a los proveedores.
La Fiscalía ha solicitado al juez la citación de Paulino Hernández, exdirectivo de OHL, para que explique 20 grabaciones que quedan por escuchar
Con aquel interrogatorio se intentaron conseguir más datos contra los políticos que habrían recibido los sobornos de la constructora, según indicaron entonces fuentes del caso a este diario. Ahora, el ministerio público ha solicitado al juez García-Castellón que se cite de nuevo a Hernández para que explique las otras 20 grabaciones que aún quedan por escuchar.
Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que está previsto que a partir del 30 de mayo se llame a declarar a los políticos involucrados en el presunto cobro de comisiones ilícitas a la constructora de Juan Miguel Villar Mir.
El juez analiza ya varios contratos de obra pública adjudicados entre 2003 y 2014 en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid. Estos podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio del que fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta nueva investigación.
