"El dispositivo de los tres cuerpos fue insuficiente, pero no soy el comisario de Planificación". Ha sido la estocada final de una declaración punzante en el juicio del 'procés' que tiene previsto continuar el próximo lunes en el Tribunal Supremo. Manuel Castellví no era el comisario de Planificación durante el 1-O, ni lo es ahora. Pero era el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra aquellos días. Asistió a reuniones con otros mandos de la policía autonómica y se sentó a la mesa con el expresidente catalán Carles Puigdemont y su gabinete más cercano de cara a la celebración del referéndum para advertirles de que podía haber una "escalada de violencia".
"La convocatoria sería pacífica, de resistencia pasiva, sin violencia. Evidentemente éramos conscientes de que se va producir la escalada, pero sin esa magnitud, y ahí quizá hemos fracasado", ha dicho en el interrogatorio de este jueves, en el que solo ha tenido tiempo para responder a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
"Yo pienso que en el análisis de riesgo nos equivocamos todos", ha insistido este mando policial quien ha reconocido también que su Departamento no supo ver que la ocupación de los colegios ese fin de semana era en realidad un recurso para celebrar de la consulta dificultando la acción de la policía, obligada a desalojar los centros de votación desde el domingo.
Llamamiento masivo a través de redes sociales
Ha recordado que "hubo un llamamiento masivo importante a través de redes sociales" y que ya tenían "constancia de que desde el 28 de septiembre" había al menos cinco colectivos centrados en lograr que los colegios albergasen actividades. Entre los colectivos que estaban difundiendo esos llamamientos, el mando incluyó a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Sus dos responsables, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están sentados en el banquillo de los acusados.
Con esos llamamientos buscaban aprovechar el resquicio que les había dejado del auto de la juez del Tribunal Superior Justicia de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad a cerrar los colegios, pero solo a partir del 1 de octubre. Establecía así una diferencia sensible respecto a las órdenes de Fiscalía, que había previsto cerrar los locales desde el viernes 30 de septiembre.
Sin embargo, el auto de la juez también establecía que hasta esa fecha se tenía que evitar cualquier acto encaminado a preparar el referéndum. Castellví ha descrito las acciones que se celebraron en los colegios como "lúdicas" y ante las preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha terminado reconociendo que no realizaron ninguna intervención.
