Los Mossos d'Esquadra habrían intentado controlar las comunicaciones e interceptar tanto correo electrónicos como redes sociales y telefonía móvil de los ciudadanos. Es lo que la Policía Nacional llama "actividades irregulares" en un informe que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y al que ha tenido acceso elPeriódico.
El mencionado informe, que data de 2012, recoge "el interés por acceder, sin control ni autorización previa, a las bases de registros de personas aseguradas (Servei Català de la Salut), del Departament de Salut, de alumnos matriculados (Educació), del Servei Català de Trànsit, de los beneficiarios de prestaciones de bienestar social, de las oficinas de trabajo, de intervención de armas", según publica el diario.
A la lista de bases de datos se suman otras como las del DNI, del catastro, de los expedientes de menores de edad y "hasta de las bases de datos de las redes de bibliotecas de las diputaciones catalanas".
La solicitud habría sido realizada por el segundo jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Miquel Justo, vía correo electrónico a directivos del CESICAT.
Este jueves el medio también difundía una información en la que aseguraba que los Mossos habrían "espiado" a "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos aquellos de marcado perfil unionista o constitucionalista" por orden de la Generalitat de Cataluña.
