Durante 2018 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 30.400 personas. Aunque no fallecieron por esa causa, sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 80 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios, según el último informe del Observatorio de la Dependencia. Además, actualmente siguen esperando 250.037 personas para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho.
El 3% de la población, es decir, 1,3 millones de personas, tiene reconocida su situación de dependencia al término de 2018 (39.000 más que el año anterior), de los que reciben algún tipo de atención algo más de un millón (100.000 más que en 2017), mientras que otros 128.568 esperan su valoración.
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres; el 72,5 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5% del total.
Dependientes severos
El informe, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, destaca la reactivación del Sistema de la Dependencia (SAAD), pero advierte de que la reducción de la lista de espera se ha hecho en gran medida a costa de atender a los dependientes moderados con servicios "de bajo coste".
Cuatro de cada diez personas que esperan son dependientes severos o grandes dependientes
La asociación muestra su preocupación por el hecho de que cuatro de cada diez personas que esperan son dependientes severos o grandes dependientes, los que más necesidades de atención tienen y con mayor coste.
"No se puede tolerar el dato escalofriante de que 80 personas mueren cada día sin recibir los servicios; no mueren por falta de aplicación de la ley, pero sí con una vulnerabilidad mayor y con una falta de dignidad y de calidad de vida en su etapa final", ha denunciado el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe.
Desigualdad entre CCAA
Las diferencias entre comunidades siguen siendo "gravísismas" en cobertura como en modelos
de gestión. En el caso de Castilla y León el acceso supone en 13,6% mientras que en Canarias es del 5,4 %, como en el coste medio por dependiente atendido, que oscila entre los 5.160 euros año en Murcia y los 7.697 euros de Cantabria.
De las 250.037 personas que actualmente siguen esperando para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho, de las que el 60% viven en Cataluña o Andalucía. Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante, lejos de lo que marcó la ley de dependencia que era del 50% cada administración.
El documento destaca que el Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. "Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas", denuncian los autores.
