Segundo encontronazo en menos de dos semanas entre Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la aprobación de un decreto. Si la semana pasada caldeó los ánimos de sus socios parlamentarios dejando la regulación de los precios de los alquileres fuera del texto sobre medidas urgentes en materia de vivienda, este viernes levantó el enfado de los morados con la aprobación del decreto sobre liberalización del transporte ferroviario de viajeros.
El Ejecutivo socialista ha apurado hasta el mes de diciembre de 2020 para hacer efectiva la liberalización exigida por las instituciones comunitarias para toda Europa. A partir de entonces, las empresas privadas podrán entrar a competir en tráfico de Alta Velocidad y Larga Distancia con Renfe, rompiendo el monopolio que mantiene actualmente en el sector la empresa pública.
"Este Real Decreto abre la puerta a la privatización definitiva del sector ferroviario en nuestro país. Habrá empresas que puedan competir con Renfe en los trayectos de alta velocidad y nuestro país ya sabe lo que eso significa. Las grandes empresas se quedarán con los tramos más rentables y se dilapidará un servicio público de trasporte clave", lamenta la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra.
El partido morado acusa al Ejecutivo socialista de no defender "los sectores estratégicos" como el tren y asegura que se opone "frontalmente" al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes. Belarra acusa al Gobierno de ponerse "de rodillas ante los grandes empresarios" y de preparase "para hacerles un regalo millonario que perjudicará a la ciudadanía que ha salido a las calles por miles en Extremadura, en Castilla La Mancha o en Murcia, a exigir un tren público digno que vertebre el territorio". "Exigimos al Gobierno que dé marcha atrás y sea valiente", concluye.
El decreto no afecta a los trenes de Cercanías, Media Distancia (regionales) y Avant (que mantendrán la Obligación de Servicio Público). La normativa europea permite a los Estados Miembros optar porque este tipo de servicios no sean licitados obligatoriamente hasta 2023, período que puede ampliarse si existe un contrato vigente a dicha fecha como ocurre con Renfe. La compañía española seguirá prestando estos servicios hasta la finalización del contrato, que prevé una vigencia mínima de 10 años, ampliable cinco más.
Más de diez compañías privadas entre la que hay constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona y Comsa) y grupos de transporte en autobús (Alsa) han conseguido ya la licencia correspondiente y esperan que se abra el mercado.
