Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan en la Audiencia Nacional el 'caso Púnica' podrán seguir desarrollando sus pesquisas sin injerencias después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez Morales, haya acordado el archivo de la querella que interpuso contra ellos el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, según informan fuentes del caso a Vozpópuli.
De esta forma, el cierre de la causa impide que Granados acuse a seis guardias de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, pues el imputado se querelló contra los agentes al considerar que deberían haber investigado si su exsocio y principal arrepentido de la Púnica, David Marjaliza, estaba relacionado con el tráfico de drogas.
Los agentes de la UCO, que también investigan para el juez Manuel García-Castellón el 'caso Lezo', tienen entre sus manos varias piezas separadas que comprometen al PP madrileño y varios excargos de esta formación política, como por ejemplo la presunta financiación del partido conservador con Esperanza Aguirre en la presidencia.
Declaración frenada
En una providencia de 6 de febrero, el magistrado ya había frenado la intención de Granados de que los agentes declararan como imputados, después de que el ex secretario general del PP madrileño reclamara esta diligencia en su querella.
"Todos los miembros de la UCO que declararon [en el juicio del chivatazo de la 'Púnica'], los cuales participaron en la intervención y transcripción de las conversaciones, admitieron que por falta de medios no se investigó la relación de Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción", destacaba la querella de Granados, ahora archivada.
La defensa de Granados, que ejerce el letrado José Javier Vasallo, consideraba que los seis agentes, que declararon en el primer juicio de la 'Púnica' en el que Granados fue condenado a dos años de cárcel, eran autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
La querella, que acabó en los juzgados de instrucción penales de Madrid, cuya sede está en la madrileña Plaza de Castilla, fue admitida a trámite por el magistrado Pedro Antonio Domínguez Morales, que en un primer momento llegó a citar a los agentes como imputados.
David Marjaliza
Sin embargo, el juez cambió de opinión, y con una providencia impidió la declaración, ya que se dio cuenta de que el querellante, Francisco Granados, carecía de legitimidad para denunciar los hechos que imputaba a David Marjaliza, a quien también dirigió una segunda denuncia por los mismos hechos.
Así, el instructor consideró que Granados no era "ofendido" en la supuesta actuación de los guardias. Por ello, se dirigió al exconsejero madrileño para que como única solución para mantener la acusación ejerciera la acción popular, por la que debería prestar una fianza de 6.000 euros.
La primera decisión del juez Pedro Antonio Domínguez Morales creó un importante malestar entre los investigadores, que desde que estalló la 'Púnica' en octubre de 2014 han sido objeto de numerosos ataques de los imputados.
Granados ya había hecho declaraciones contra los guardias, y también la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, cuyo nombre apareció en un informe de la Guardia Civil, que desempeña la labor de Policía Judicial a órdenes del magistrado García-Castellón.
Expresidente murciano
También criticó a la Guardia Civil el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que cuestionó un informe de la UCO sobre el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), y llegó a afirmar que el atestado estaba lleno de "presuntos, eventuales y posibles".
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) confirmó los indicios de delito detectados por la UCO sobre la actuación del expresidente murciano, e inició los trámites para procesarle.
La dimisión 'in extremis' de Pedro Antonio Sánchez hizo que dejara de estar aforado, por lo que si es finalmente procesado será juzgado en la Audiencia Nacional junto al resto de implicados en la pieza separada de la 'Púnica' murciana.
Precisamente, este viernes el juez García-Castellón ha citado a declarar en la Audiencia Nacional al empresario José Luis Huerta Valbuena dueño, entre otras, de la sociedad Waiter Music SL, quien gracias a su estrecha relación con el entonces secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados, se hizo con adjudicaciones por valor de más de 19 millones de euros en administraciones controladas por este partido.
