- Hemos visto casos de corrupción muy graves que se eternizan en los juzgados. ¿Se ha mejorado en algo a lo largo de todos estos años?
Todo tiene que ver con el nivel de tolerancia que tenemos como sociedad. La cultura mediterránea es muy diferente a la del centro y norte de Europa, donde la reacción social frente a los comportamientos deshonestos –no los delitos- provoca que no habiendo normas diciendo que algo es ilegal, la reacción es que responsables públicos han presentado la dimisión y han sido expulsados de la política. Al margen de las mejoras legislativas en el Código Penal o en la capacidad de inspección, sí ha habido una mejoría en el sentido de que hay una mayor sensibilización de la ciudadanía frente a la corrupción.
Lo que no ha habido es una respuesta que haya acompañado a esos mayores niveles de intolerancia con medidas mucho más contundentes. No tanto de las capacidades legales del Estado sino en lo que se refiere al propio comportamiento de los partidos políticos frente a los casos de corrupción. Un comportamiento deshonesto no debe tener trascendencia penal para que llegue a contaminar la imagen de una institución.
-Los nuevos partidos, que en sus inicios insistían mucho en que hubiera mayor transparencia, ¿son menos vulnerables a los casos de corrupción? ¿Se diferencian en algo de los tradicionales?
Son menos vulnerables porque se han incorporado tan recientemente a labores de gobierno. La corrupción tiene nombres y apellidos. Y pueden convertir a un partido en una máquina de corrupción, como le ha pasado al PP en algunos puntos de España. Además, los portales de transparencia de los partidos donde no se actualiza la información, son una pose.
Igual que las declaraciones de bienes. Debieran tener una sanción cuando no se pone todo lo que se tiene que poner o se ponen cosas distintas causalmente por un error. Ahora mismo, las declaraciones de bienes en la mayor parte de las instituciones son un ejercicio voluntarista. Quién inspecciona la verdad de lo que ha puesto y se ha firmado? Nadie lo revisa. Y en caso de que se encuentre que algo no está… ¿eso es gratis? Y eso es la información que debe servir para comparar el antes y el después del paso por una institución pública de un político.
¿Se necesita hacer algún cambio penal?
Tocar las normas penales no es algo que se pueda hacer en un calentón. Ni siquiera teniendo razón. Y no creo que toda la lucha contra la corrupción se base en cambios legislativos. Pero, por ejemplo, por qué no ponemos en el Código Penal que los delitos de corrupción no prescriban? Eso sí sería disuasorio. La prescripción de los delitos de corrupción es un elemento que facilita la impunidad. Yo creo que los más graves, los más importantes delitos de corrupción no deberían tener plazo de prescripción. De tal manera que cualquiera que tenga la tentación de hacer una gracia, le va a perseguir la posibilidad de caer en manos de la Justicia en cualquier momento a lo largo de su vida.
¿Cuáles no deberían prescribir?
Prevaricación, cohecho y malversación.
-Habla usted en su libro de que a veces hay transparencia excesiva o directamente inútil… ¿A qué se refiere?
Claro. Es la trampa de la transparencia. Te metes en la web de una institución y tienes cantidades ingentes de información. Se ha confundido cantidad de información (megabites volcados) en un elemento de transparencia. Y eso no es cierto. Lo importante es el acceso a la información. Cómo se filtra la información que se necesita. En ningún sitio salen todas las contrataciones de un mismo contratante. No tiene sentido que haya que pasarse decenas de horas de investigación para obtener la información. Lo útil de la transparencia es que fuera disuasoria a la hora de que ocurran determinados casos de corrupción. Si yo sé que esa forma de volcar la información es fácil filtrarla, eso ya de por sí es un elemento disuasorio. Si sé que es un auténtico galimatías juntar las piezas de esos puzzles, de qué sirve? Es una pose. Podrá hacerse de buena fe, pero no es eficiente.
-¿Es posible participar en un caso de corrupción sin saberlo?
Yo creo que sí. De hecho, las sentencias que he analizado del Tribunal Supremo para tratar de traducir a un lenguaje más cercano en qué consisten esos delitos de corrupción, sí hay gente que participa de manera inconsciente, aunque eso no le exime de la responsabiliad penal. Hay gente que no sabe que mirando para otro lado te convierte en un copartícipe en un delito de corrupción. Esto ha ocurrido con los altos cargos técnicos funcionarios de los ayuntamientos que se encontraron con sustos de ese tipo, por no meterse con el alcalde de turno.
O sea, que cuanto más tiempo en el poder, mayores posibilidades de corromperse?
No tiene por qué. En lo que sí puede afectar es a que en aquellas instituciones en las que no ha habido casi alternancia, aunque te cambien las personas, el problema es mirar lo propio preguntándose cómo va a ser esto un delito o la tendencia a decir ‘vamos a tapar esto’. No tiene tanto que ver con que una misma persona lleve un recorrido largo en una institución, como el hecho de que la propia formación política tenga una inercia a considerar lo pasado de los suyos como algo no sospechoso para ser debidamente investigado o para pasar por los tamices de la transparencia; uno de los elementos más importantes como criterio de funcionamiento para reducir los espacios de impunidad de la corrupción.
-¿En qué ámbitos sigue siendo fácil saltarse las normas? Es decir, ¿qué administraciones o sectores son más propensas a que se sigan dando casos de corrupción?
Yo he tratado de identificar los ámbitos más sensibles, vinculados a la experiencia judicial. La mayor parte de los asuntos ha sido en temas de contratación, subvenciones y urbanismo. Hay algunos donde se mueven más recursos económicos. Lo que nos ha pasado es que hemos ido más al socaire de los grandes titulares de los medios de comunicación que el haber hecho una verdadera reflexión sobre si lo que estábamos haciendo era lo más correcto a la hora de cerrar espacios de impunidad.
En 2010, se introduce la reforma del Código Penal que las personas jurídicas puedan ser condenadas. Pero ese cambio excluye a los partidos políticos y los sindicatos. Hasta 2015 la hiperactividad judicial provoca una reacción en los medios de comunicación que se une a la irrupción de Podemos y Ciudadanos. Y en ese año se cambia el Código Penal para incluir a partidos y sindicatos. Entonces, ¿alguien le ha preguntado a alguien por qué en 2010 se dejó fuera a partidos y sindicatos? En la votación del Congreso no se montó ninguna escandalera, cuando era un escándalo. ¿Qué razón había objetiva para excluirla? Yo no lo sé. He sido incapaz de encontrar nada relevante al respecto. Nos hemos estado moviendo a golpe de escándalo en lugar de hacer una reflexión sobre si las administraciones públicas no están diseñadas pensando que todo el mundo es buena gente. Y lo que pasa es que con unos pocos que sean mala gente se puede llegar a cuestionar la confianza de la ciudadanía en el entramado institucional del sistema democrático.
-¿Se ha quedado corta la Ley de Contratos del Sector Público?
No hay ninguna ley perfecta. Pero se me ocurren media docena de ideas sobre cómo esa ley puede ayudar a cercenar espacios de corrupción. Publicando a quién se contrata, cómo se le contrata y a cuánto se le contrata. Y además que sea una base de datos manejable y accesible. Está muy mal gestionada la información como para que esa información sea algo disuasorio.
A modo de conclusión, ¿España es un país corrupto?
Alguien de fuera llegaría a la conclusión de que son tantas las noticias de gran impacto sobre corrupción que podría pensar que España tiene un grave problema de corrupción. Pero en términos cuantitativos, la muestra que ha pasado por los juzgados y los tribunales, no es representativa del conjunto de los representantes públicos. Yo no diría que España es institucionalmente un país corrupto. Pero a nivel institucional no hace lo suficiente desde el punto de vista de lucha contra la corrupción. Y por eso han ocurrido muchas más cosas de las que deberían. Yo nunca me atrevería a decir que se puede acabar con la corrupción institucional, porque participan personas. Y lo mismo que tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestras imperfecciones. Y una de ellas es ser muy amigo del dinero o un abusador del poder. Otra cosa es cómo reaccionamos. Y la forma en cómo reaccionamos ha sido esperpéntica. Da la sensación de que el supuesto derecho individual a la presunción de inocencia esté por encima del supuesto derecho de la ciudadanía a confiar en el entramado institucional. A un político hay que decirle que a veces hay que pagar este tipo de precios si te dedicas a la política. No hay que esperar a una sentencia firme que confirme tu culpabilidad porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones está por encima de tu derecho individual.
¿La reflexión sobre el conjunto español vale también para País Vasco? Porque desde fuera se tiene la impresión de que allí no ha habido tantos casos o no tan graves...
No, porque aquí también ha habido casos de corrupción. Ahora se está juzgando uno muy conocido como el caso De Miguel. Euskadi no es un oasis, pero la diferencia es que en Euskadi las mayorías absolutas son muy excepcionales. No es lo mismo instituciones gobernadas durante muchos años con mayorías absolutas que instituciones donde se ha gobernado con gobiernos minoritarios o de coalición. Seguramente, esa estructura haya hecho que lo espacios de corrupción sean menores. Pero no que no existan.
