Amenaza de tormenta este sábado en Madrid, en el transcurso del desfile militar del 12 de octubre. No sólo en términos meteorológicos, también en sentido figurado, atendiendo a la situación en la que Pedro Sánchez afronta este Día de la Fiesta Nacional: cercado por los escándalos de corrupción que salpican a su familia y entorno político más cercano, y amenazado por la fragilidad parlamentaria en la que se sostiene su Gobierno, con la mayor fragmentación de la izquierda y un José Luis Ábalos, ya fuera del grupo socialista, que apunta al banquillo.
Este año, como el anterior, la tribuna de las autoridades se ubicará en las inmediaciones de la calle de Atocha. Aunque la justificación oficial es que las obras de la Castellana y del Santiago Bernabéu impiden la celebración del desfile en su lugar tradicional, lo cierto es que ofrece a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez un punto más a resguardo de los abucheos y las protestas del público.
La previsión meteorológica apunta a un menor número de asistentes y, por tanto, en los decibelios de la pitada que viene marcando el comienzo del desfile de los últimos años. En ediciones recientes, Pedro Sánchez ha llegado a la tribuna de autoridades prácticamente al mismo tiempo que el coche de los reyes Felipe VI y Letizia -en una ocasión les hizo esperar- para minimizar el impacto de las protestas, aunque siempre han sido fácilmente identificables.
Los casos de corrupción
Y este año Pedro Sánchez afronta una de sus Fiestas Nacionales más convulsas; más aún que el año en que tramitó la Ley de Amnistía, pese al rechazo social que suscitaba entre los asiduos al desfile militar. Porque en esta ocasión son varios los escándalos de corrupción que acechan su Gobierno, y mayor es la fragilidad parlamentaria en la que sostiene su legislatura.
En el primer escenario destacan las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, poniendo en entredicho la versión que ha ofrecido siempre el Gobierno sobre el Delcygate. Algunas de las conversaciones de los miembros de la trama del caso Koldo hablan del 'número 1', al que los investigadores identifican como Pedro Sánchez, y el visto bueno que dio a la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, a pesar del veto de la UE que le impedía que pusiera pie en suelo europeo.
No faltan quienes apuntan al intermediario Víctor de Aldama como la piedra angular de este caso y de otros tantos escándalos de corrupción que afectan al Gobierno. Trasladado a dependencias penitenciarias, en Moncloa se dispara la preocupación por lo que el empresario pueda revelar ante el juez.
El otro torpedo judicial directo a la línea de flotación de Moncloa es el que afecta a Begoña Gómez. El juez Peinado mantiene la investigación en torno a la mujer del presidente del Gobierno, así como a las adjudicaciones que la administración otorgó al empresario Juan Carlos Barrabés. El propio Pedro Sánchez ha sido citado a declarar como testigo en la causa.
E igualmente cercano es el procedimiento que atañe a su hermano, David Sánchez, también conocido como David Azagra, contratado por la Diputación de Badajoz. La Justicia trata de determinar si el vínculo con la institución pública se cerró conforme a la legalidad.
Fragilidad parlamentaria
Fragilidad por escándalos de corrupción que se dirimen en los tribunales, pero también por la debilidad parlamentaria en la que se sostiene el Gobierno. La izquierda vive su mayor fragmentación de las últimas legislaturas: Podemos se ha desprendido de Sumar y ha abandonado el Ejecutivo de coalición, y el PSOE ha perdido por el camino a José Luis Ábalos, que ahora forma parte del grupo mixto y que se siente abandonado por los socialistas.
Sánchez no puede perder un solo voto ante cada una de las decisiones clave para alcanzar la mayoría en el Congreso, ante la oposición de Partido Popular y Vox. Así, el líder socialista trata de satisfacer las peticiones de EH Bildu -la polémica por la reducción de penas a etarras también marca este 12 de octubre-, al PNV, a ERC, a Junts y a los del grupo mixto.
