Las dificultades operativas del plan propuesto por el PP para desplegar a la Armada ante la inmigración

El Partido Popular (PP), a través del portavoz del grupo en el Congreso, Miguel Tellado, sorprendió este jueves con una petición expresa al Gobierno en materia de inmigración: desplegar medios navales de las Fuerzas Armadas para disuadir a las mafias dedicadas al tráfico de personas que potencian los flujos irregulares con destino a Islas Canarias. Una fórmula que tuvo su inmediata respuesta por parte de Defensa -en forma de negativa total- y que, según fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli, presenta profundas dificultades operativas para su puesta en marcha.

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior evidencian una situación crítica en las Islas Canarias. De acuerdo al último balance oficial del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, 19.257 personas han llegado al archipiélago de forma irregular en lo que va de año; una cifra notablemente superior a la del mismo periodo de 2023 -marcado por el colapso total de las infraestructuras-, cuando lo hicieron 7.213 inmigrantes. La llegada del verano y de las buenas condiciones de navegación hacen prever, además, que la presión migratoria se redoblará en las próximas semanas.

Ante esta situación, Tellado plantea "disponer de los medios técnicos, materiales y humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas" para hacer frente a la inmigración irregular. Y, para justificar su propuesta -ante el rechazo total del Ministerio de Defensa y de Margarita Robles-, apuntó que el Gobierno ya ha desplegado buques de la Armada en la región en años anteriores.

Medios de la Armada en la región

Una afirmación que no sería del todo precisa, según apuntan las fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli. Es cierto que la Armada envía de forma regular buques al Golfo de Guinea, en África, para participar en las habituales misiones de seguridad cooperativa que mantiene activas con diversos países de la región, con el objetivo de reforzar sus capacidades en materia de Defensa y, de paso, contrarrestar la actividad de piratería o de grupos criminales que operan en este área.

Del mismo modo, el Mando de Operaciones (MOPS) coordina las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en territorio nacional, que en el ámbito marítimo se traduce en el despliegue de capacidades navales con el objetivo de anticiparse a posible amenazas en aguas españolas o de interés nacional; son los casos de la costa mediterránea y balear, del Estrecho de Gibraltar -con peñones e islas de soberanía nacional que reclama Marruecos para sí-, de la vertiente Atlántica y, también, en las inmediaciones de Islas Canarias.

Basándose en estos despliegues, Tellado advierte que su propuesta "no debe ser tan descabellada", ya que "el Ministerio de Defensa ha enviado embarcaciones de la Armada a defender y proteger las aguas en el entorno del norte de África y también en las Islas Canarias". No obstante, esos despliegues a los que hace referencia son los que hacen se centran en la defensa de la soberanía nacional y no en la lucha específica contra la inmigración irregular.

El ordenamiento jurídico

Más allá de los matices a la propuesta popular, también hay que considerar los ordenamientos jurídicos que regulan la actividad de las Fuerzas Armadas; principalmente, el artículo 8 de la Constitución: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

En esa definición, apuntan las fuentes consultadas, no encajaría la propuesta planteada por Miguel Tellado. Estas mismas fuentes recuerdan que el despliegue más parecido que se haya dado en los últimos tiempos es la Operación Sophia, en el Mediterráneo y bajo el paraguas de la Unión Europea; una misión naval que contó de forma permanente con medios navales y aéreos españoles, y que pretendía minimizar el impacto de las mafias de tráfico de seres humanos que operaban desde Libia, convirtiendo esta región en un cementerio natural que cada día consumía la vida de cientos de personas.

La Operación Sophia, no obstante, contaba con la unanimidad de todos los países de la Unión Europea. Hasta que Italia, con Matteo Salvini representando la voz más crítica contra la gestión migratoria de Bruselas, planteó su rechazo al despliegue militar, lo que supuso su desaparición. El planteamiento del PP tampoco encajaría en un marco jurídico como el de la Operación Sophia.

Dificultades operativas

Pero, a todo ello, habría que sumar además las dificultades operativas que supondría un despliegue naval de estas características. Actualmente la Armada dispone de 22 buques en la mar, con 3.509 efectivos a bordo. La mayoría de ellos -como el grupo Dédalo, liderado por el mayor buque, el Juan Carlos I- se integran en diversas misiones de la OTAN de disuasión ante Rusia, ya sea en el Mediterráneo o en el Atlántico.

España también participa en la misión europea Atalanta de lucha contra la piratería en aguas del Índico, cerca de las costas de Somalia. La crisis geopolítica que se vive en Oriente Medio y en el Mar Rojo ha provocado -entre otras razones- el resurgimiento de esta actividad criminal.

Las fuentes consultadas por este diario sostienen que la Armada sostiene un esfuerzo considerable para hacer frente a todas estas misiones internacionales, en el marco de los acuerdos suscritos con los principales aliados; más aún en un contexto de incertidumbre internacional, que ha obligado a reforzar las capacidades en el exterior.

A todos estos elementos hay que incorporar el principal problema operativo de este despliegue. Todos los medios navales están sometidos a una legislación internacional y a una serie de compromisos establecidos para reforzar la seguridad de la navegación en cualquier parte del mundo.

Esta doctrina tiene en la solidaridad uno de sus pilares fundamentales. En el ámbito marítimo se conoce por "evento SOLAS" [Safety of Life at Sea, por sus siglas en inglés] a cualquier episodio en el que una embarcación corra el riesgo inminente de naufragar o de que la vida de sus tripulantes corra serio peligro. En ese caso, el buque más cercano debe atender a las personas en peligro y trasladarlas a un puerto cercano y seguro.

Por lo tanto, un hipotético despliegue de la Armada para la lucha contra la inmigración en aguas próximas a Canarias se convertiría, a la postre, en una misión de traslado de inmigrantes a las islas, ante la imposibilidad de obviar un evento SOLAS.

Así, los problemas de ordenamiento jurídico, de despliegue de capacidades y las dificultades operativas se presumen un escollo insalvable para un despliegue de la Armada como el planteado por el PP en aguas próximas a Canarias para luchar contra la inmigración irregular.