El PNV ha propuesto "ampliar" el alcance de los Derechos Históricos que la Constitución Española reconoce a los territorios vascos como fórmula para lograr un nuevo estatus político "de no ruptura", que incluya un 'derecho a decidir' "pactado" y que establezca una relación "confederal" entre Euskadi y el Estado sustentada en un 'Concierto Político'.
Esta propuesta se incluye en el documento de 'bases y principios' para la actualización del autogobierno vasco presentada este miércoles por el PNV en la ponencia del Parlamento Vasco que debate sobre la posible modificación del estatus político de Euskadi.
El texto del PNV, de 17 páginas, constata la "preocupación" de este partido ante el "permanente cuestionamiento" por parte del Estado de las competencias que el actual Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en 1979, reconoce a las instituciones vascas.
La formación 'jeltzale' constata que ante el "socavamiento" de las competencias de Euskadi y la tendencia a la "recentralización", es necesario "actualizar" el autogobierno de Euskadi mediante "un sistema de bilateralidad efectiva que garantice el cumplimiento de lo acordado" entre el País Vasco y el Estado español.
"Realidad nacional" mutua
El PNV subraya que se trata de configurar "un nuevo estatus de no ruptura", cuyas bases han de ser "el reconocimiento mutuo, el pacto y la democracia". Para lograrlo, propone "formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los Derechos Históricos que reconoce y ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, y que formalice una relación singular y bilateral basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes".
El documento incluye un apartado sobre el 'reconocimiento de la identidad nacional del Pueblo Vasco o Euskal Herria'. En él, se indica que "el Pueblo Vasco es un pueblo con identidad propia y diferenciada", cuyo "máximo exponente" es que cuenta con una lengua, el euskera, y una cultura "propias", las cuales han "forjado su identidad nacional diferenciada", y que, además, tiene una "tradición jurídica propia". El PNV subraya que, por lo tanto, "el Pueblo Vasco es una nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado".
Combatir la "desigualdad"
Los 'jeltzales' incluyen varios posibles "nombres" para lo que definen como el 'sujeto político-jurídico' del eventual nuevo estatus. Las opciones que plantean son: 'Comunidad Foral Vasca', 'Comunidad Nacional Vasca', 'Estado Autónomo Vasco' y 'Estado Foral'. Además, subrayan que el nuevo estatuto debe incluir una "ampliación" de los 'derechos y deberes' de la ciudadanía, así como una "profundización" en los derechos sociales para combatir las "desigualdades" y la "injusticia"
La fórmula propuesta por el partido 'jeltzale' para avanzar hacia una nueva relación con el Estado, sobre la que afirma que ha de estar basada en el acuerdo, la "interdependencia" y la "no subordinación", es extender la fórmula del Concierto Económico -que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado- a un 'Concierto Político' que defina "un haber competencial exclusivo y reservado que sea homologable al Concierto Económico en concepción, estructura y operatividad".
El PNV precisa que el nuevo sistema de autogobierno de Euskadi debe contar con la necesaria "cobertura normativa", para lo que subraya que "el fundamento jurídico-constitucional" del mismo "residirá en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española", que reconoce los Derechos Históricos de los territorios forales y sobre los que afirma que han de ser "actualizados" y cuya interpetación ha de ser "ampliada".
"Principio democrático"
Los 'jeltzales' también constatan la importancia de que todo el proceso se lleva a cabo de acuerdo al "principio de legalidad" y al "principio democrático". De esa forma, indica que el texto sobre el nuevo estatus político que se pueda elaborar "será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir su futuro, para lo cual habrá de dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante".
El documento establece que hay que "reafirmar" y "garantizar" el ámbito competencial ya reconocido a Euskadi en el estatuto actual, pero también propone "ampliarlo". Entre otras medidas, plantea que se reconozca a Euskadi la capacidad de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco, así como la competencia para desarrollar una política penitenciaria "propia" y la atribución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de "la culminación ordinaria de los asuntos", aunque "sin perjuicio de la unidad de Poder Judicial y de la preeminencia del Tribunal Supremo".
"Seguridad Social"
También solicita que se atribuyan a Euskadi "todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o Seguridad Social", que han de incluir "la capacidad legislativa plena de Euskadi". No obstante, precisa que el nuevo estatuto "contemplará mecanismos de cooperación y solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español".
El PNV reclama que Euskadi disponga de la titularidad de los recursos naturales de su ámbito territorial y de las infraestructuras ubicadas en el mismo. Asimismo, plantea que el nuevo estatuto establezca que el Concierto Económico regule "tanto los tributos de exclusiva competencia estatal como los de competencia foral, sean convenidos o no".
El PNV propone que el nuevo estatus político que se pueda acordar para Euskadi entre en vigor en un plazo de tres meses desde su aprobación, y que todas las competencias que se contemplen en el mismo sean transferidas en bloque y de forma "definitiva"
Por otra parte, propone que la autonomía financiera del País Vasco "no pueda ser constreñida" por la "asunción unilateral" del Estado del procedimiento de distribución de los límites de déficit y de la deuda.
Los 'jeltzales' reivindican "el derecho a establecer vínculos políticos y de cooperación" con la Comunidad Foral de Navarra y los territorios del País Vasco-francés, "sin más limitación que la voluntad de la ciudadanía y las decisiones de las instituciones representativas".
El PNV propone que el nuevo estatus político que se pueda acordar para Euskadi entre en vigor en un plazo de tres meses desde su aprobación, y que todas las competencias que se contemplen en el mismo sean transferidas en bloque y de forma "definitiva". Asimismo, sugiere que los conflictos competenciales que puedan surgir con el Estado se resuelvan mediante "la bilateralidad y el acuerdo".
