El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de desahucios exprés. A juicio del grupo morado, la citada norma "vulnera el derecho a la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva recogidos en la Constitución, ya que permite ejecutar desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables".
La Ley fue aprobada el pasado mes de abril por el Congreso, con el respaldo del PP, Ciudadanos, los nacionalistas vascos del PNV y los independentistas catalanes del PDeCAT, y entró en vigor el pasado 12 de junio. A través de un comunicado, Unidos Podemos denuncia que "en lugar de para proteger el derecho a la vivienda de miles de familias vulnerables", la norma de cobertura al desahucio "sin ninguna garantía de realojo digno".
El recurso presentado argumenta que la norma "permite ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impidiendo la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo".
Por otro lado, el recurso recalca que la ley vulnera el derecho a la vivienda porque "permite ejecutar los desahucios sin garantizar la alternativa habitacional, y tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad".
"El problema central de esta ley es que ataca el derecho básico a un juicio justo, puesto que limita de forma brutal el derecho de defensa y al mismo tiempo no cumple con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos", enfatiza el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Unidos Podemos, Rafael Mayoral.
Asimismo, desde el grupo confederal enfatizan que aunque el texto excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre; "en la práctica la Ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre que han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias y, que a su vez, ya han sido transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir normativa que protege a estas familias en otros procedimientos".
