La acusación popular ejercida por Podemos se ha adherido a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute al despacho de abogados Herrero y Asociados en el conocido como caso Villarejo, en el marco de la pieza separada 'Iron' que investiga la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a un bufete de abogados de la competencia.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los investigados en esta pieza separada son miembros del Consejo de Administración de Herrero y Asociados, así como "trabajadores directivos de la empresa con autorización para contratar y tomar decisiones en nombre de la persona jurídica y en este conflicto actúan por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio".
Asimismo, destaca que este beneficio "viene confirmado" por el hecho de que en un informe de la Agencia Tributaria firmado en abril de 2018 constan el pago de unas facturas en 2013 al grupo CENYT, entramado del que era propietario el excomisario -en prisión preventiva desde noviembre de 2017-, por el importe de 302.500 euros.
Conocimiento de su condición y su capacidad como policía
Añade la acusación popular que en los audios incautados a Villarejo queda reflejado que las personas físicas que investigaron al excomisario "conocían de su condición de policía y de la capacidad" para utilizar medios, técnicas y recursos policiales "vedados para servicios privados", tales como puede ser el acceso a bases de datos policiales y consultas a proveedores de telecomunicaciones y servicios financieros "solo admisibles en el marco de operaciones policiales".
Por todo ello, la acusación popular considera que el despacho de abogados Herreros y Asociados debe ser investigado por dos presuntos delitos de revelación de secretos y por un delito de cohecho en relación a la supuesta contratación del expolicía para obtener información del despacho Balder IP. En esta causa ya se encuentran imputados Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez (socios mayoritarios) y la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno.
Si el juez aceptase la imputación de Herreros y Asociados, se trataría de la tercera mercantil investigada como persona jurídica en el también llamado caso Tándem, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha acordado este lunes la investigación del banco BBVA, que se suma a la acordada hace un mes contra la naviera Pérez y Cía -propiedad de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura-.
Anulación de la prueba del 'pendrive'
Por otra parte, el partido morado ha pedido al juez que mantenga en la causa los archivos de audio contenidos en el 'pendrive' Pfizer, indicio BC 08, que los investigados piden expulsar del procedimiento.
En el auto en el que ordenó al juez García Castellón la reapertura de la causa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya señalaba que del contenido del citado 'pendrive' se desprende que "los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias así como en algunos casos, información tributaria y de inteligencia financiera".
El archivo da cuenta, entre otras de una reunión de septiembre de 2013 entre Carpintero, Martínez, Villarejo y el socio del excomisario, Rafael Redondo, de la que constan los audios y en la que "se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión".
"Esto es más ilegal que una patata"
"Tú sabes que esto es más ilegal que una patata", llega a decir el comisario jubilado en un momento de la conversación a uno de los socios del bufete, tras referirse a asuntos como que los datos fiscales que quieren en Hacienda no se los dan gratis o que a la gente que está siguiendo el tráfico de llamadas de los 'espiados' hay que "untarla" porque hacen "cosas delicadas".
Según Podemos, el archivo debe mantenerse en las investigaciones porque en él puede comprobarse como, lejos de haber sido sometidos a engaño por parte del comisario jubilado, los investigados se expresaron en las reuniones "con toda naturalidad, escucharon con atención todo lo que el señor Villarejo tenía que contarles y opinaron activamente en los hechos criminales que les proponía el señor Villarejo como solución al problema por ellos mismos planteado", lo que constituye una importante prueba en su contra.
Añade la acusación popular que al invocación de violación del derecho a la intimidad "no tiene cabida cuando la conversación objeto de grabación no versa sobre la vida privada o familiar de los intervinientes", según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
La pieza 'Iron' fue archivada por el exjuez instructor Diego de Egea, pero el pasado 18 de febrero, pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la investigación al entender que si se analizan "pormenorizadamente" los indicios expuestos por el Ministerio Fiscal y la documentación aportada, se podría concluir que la participación de los investigados en los hechos "revisten caracteres delictivos".
'Big' y 'Boni'
"Aunque partiéramos de que el señor Villarejo hubiera reconocido solamente que fue comisario de Policía, confesó explícitamente que obtenía irregularmente información policial a través de sus antiguos compañeros y mediante funcionarios de Hacienda, seguramente percibiendo alguna compensación a cambio, lo que integraría un delito de cohecho igualmente", dice la Sala.
Asimismo, en el auto se menciona el papel que habrían desarrollado en este 'proyecto' de Villarejo el entonces comisario en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, Enrique García Castaño, a la luz de dos documentos con requerimientos dirigidos a él con el apelativo 'Big' y relativos a los movimientos de las cuentas de Balder IP, sus números de teléfono y su información fiscal.
