Podemos ha trasladado al Gobierno una nueva propuesta para subir el IRPF a rentas superiores a los 130.000 euros frente a los 140.000 que señala Hacienda, y advierte de que no hay avances en fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los 1.000 euros para 2019, ni en medidas concretas para pinchar la burbuja del alquiler.
La formación morada ha enviado un documento -al que ha tenido acceso EFE- de más de 16 páginas al Ejecutivo, después de avisar ayer lunes que las negociaciones presupuestarias no avanzan favorablemente y que actualmente el voto de Podemos a los presupuestos es "no".
Entre las medidas fiscales, cuyo grueso está prácticamente cerrado, destaca la insistencia de Podemos para subir el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF) a rentas de al menos 130.000 euros anuales.
También urge a que el índice de precios de consumo (IPC) suba por Ley y se derogue el Factor de Sostenibilidad de las Pensiones.
Más impuestos
Podemos sigue reiterando la necesidad de un impuesto a la banca y de subir el 1% el impuesto de Patrimonio para personas con más de 10 millones de euros, al tiempo que critica que el Gobierno no obligue a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado del alquiler.
"En el documento enviado por el Gobierno no aparece ninguna medida concreta para conseguir este objetivo y, de nuevo, hablamos de medidas sin impacto presupuestario. Es necesaria la cesión obligatoria de viviendas vacías y las de propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que sean cedidas de forma gratuita", señala el texto, que también urge a que las comunidades autónomas (CCAA) puedan expropiar el uso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio.
Contratos de alquiler
Otro de los puntos claves que el Gobierno no ha aceptado de momento es la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler.
Para Podemos es "inviable" aceptar contratos de 5 años más tres de prórroga como estándar, ya que eso sería volver a 2013 e insisten en seis años más cuatro prorrogables, además de fianzas de 2 meses como máximo.
En materia laboral, piden al Ejecutivo ser "más valientes" y subir el SMI a 1.000 euros el próximo año y critica que el Gobierno no admita la ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión en su vigencia y que sólo quiera ampliarla "algún año más", y acusa al Ejecutivo de no comprometerse a eliminar el arbitraje obligatorio en materia de descuelgue.
Pensiones y violencia de género
Podemos se queja de que el Ejecutivo ha rebajado su medida inicial en cuanto a la supresión del copago farmacéutico, y señala que ahora proponen suprimirlo sólo para los pensionistas de rentas inferiores a 9.000 euros al año de renta, y a cambio ofrece introducir a las familias con al menos un hijo a cargo por debajo del umbral de la pobreza.
Asimismo, se refiere a la falta de compromiso en materia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que, según Podemos, frente a los 800 millones que faltan para financiar este pacto, el Gobierno sigue planteando 220 millones.
El documento de la formación morada desvela que la red de escuelas gratuitas de 0 a 3 años, que apunta el Gobierno, vendría condicionada a que los ayuntamientos tengan superávit y la afronten a través de Inversiones Financieramente Sostenibles.
"Debe consignarse una partida finalista, como mínimo de 300 millones de euros, como se indica en las modificaciones que hemos enviado al Gobierno", señala.
También pide concreción en la redacción correspondiente a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), así como que el nuevo impuesto de transacciones financieras afecte también a los derivados y no se restrinja su aplicación a empresas con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, sino que se aplique en todas las empresas cotizadas en bolsa "o al menos a aquellas que tengan una capitalización superior a los 200 millones de euros".
Subsidio por desempleo
Incide en que el Ejecutivo acepta recuperar el subsidio por desempleo a los 52 años, pero afirma que no se compromete a una reforma legislativa inmediata sino a enmarcar la medida dentro de un Plan de personas desempleadas de larga duración, del que se desconoce la fecha de aprobación y el período de vigencia.
En materia de energía tampoco consideran que haya avances en sus propuestas de crear una tarifa familiar y subir los impuestos a las eléctricas, y en cuanto a la posible flexibilización de la regla de gasto aluden a que la "redacción del actual texto de acuerdo supone exactamente lo mismo que ya incluyó (el anterior ministro de Hacienda Cristóbal) Montoro en 2018".
Destopar la base máxima de cotización aproximándola al salario real, recuperar la cotización para las cuidadoras familiares o aumentar en 2.500 millones la partida para pagar las ayudas a la dependencia ya reconocidas, frente a los 400 millones que propone el Gobierno, siguen siendo prioridades de Podemos.
