Tan solo un día después de que el ponente de la sentencia del procés, Manuel Marchena, advirtiera de la posible falta de jueces para enjuiciar al expresidente catalán Carles Puigdemont si la Justicia belga decidiera entregarlo a las autoridades españolas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha movido ficha y ha aprobado este jueves las bases para convocar una nueva plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En concreto, Marchena puso de manifiesto que 13 de los 15 jueces que integran la Sala de lo Penal ya intervinieron en la causa de procés. Y que por eso solo dos estarían en disposición de conformar un tribunal, un número que es insuficiente. Los magistrados que no han participado en el procedimiento son Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Susana Polo García.
Por eso, esta nueva plaza del turno general propuesta por la Comisión Permanente, que se aprobará de forma definitiva en el próximo Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se suma a otros dos puestos ya convocados. De esta forma, serían cinco los magistrados de la Sala de lo Penal que estarían en disposición de juzgar al expresidente catalán.
Tres jubilaciones
Estas nuevas plazas estarán cubiertas en diciembre, por lo que se cubrirían las jubilaciones de los magistrados Luciano Varela Castro, Francisco Monterde Ferrer y Alberto G. Jorge Barreiro. El primero formó parte del tribunal que juzgó la causa del procés, y los otros dos respondieron a los recursos de los independentistas con el instructor Pablo Llarena.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo ya podría conformar un tribunal con un número suficiente para juzgar a Carles Puigdemont o a cualquier otro líder secesionista fugado, según apuntan fuentes del Poder Judicial a Vozpópuli. La ley no establece un número concreto de magistrados para juzgar una causa, por lo que podrían ser cinco.
Las mismas fuentes recuerdan que si Bélgica entregara a Puigdemont, un eventual juicio al expresidente catalán solo se desarrollaría en el Tribunal Supremo si este siguiera aforado. Si no lo fuera, la causa podría juzgarse, por ejemplo, en la Audiencia Nacional o incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pablo Llarena
Sin embargo, el último movimiento de Puigdemont apunta a su intención de volver a recuperar su acta de diputado en el Parlament. Lo ha hecho después de que Oriol Junqueras y el resto de independentistas hayan sido condenados por sedición y no por rebelión, delito por el que le había acusado el juez Pablo Llarena y por el que había sido apartado del cargo público.
Además, la ley permite establecer mecanismos de sustitución que posibilitarían que, por ejemplo, los magistrados más antiguos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social pudieran complementar la Sala de lo Penal. Por ello, en el Poder Judicial están seguros de que un eventual tribunal que tuviera que juzgar a Puigdemont tendría suficientes magistrados. Para decidir estos cambios, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo debería dejar preestablecida la sustitución entre Salas.
En el Supremo hay unos 80 magistrados que se reparten en cinco Salas. Además de lo Penal, existen las de lo Civil, Social, Contencioso-Administrativo y Militar.
