Pedro Sánchez convocó de urgencia a los líderes de los principales partidos políticos ante el temor a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, planteara alguna votación sobre la independencia o la autodeterminación de Cataluña en el Parlament.
Según ha sabido Vozpópuli, el presidente del Gobierno en funciones pactó con PP y Ciudadanos que enviaría esa misma tarde el requerimiento para la activación del 155 si Torra utilizaba el Parlament para alguna votación en ese sentido. No hizo falta.
El pleno que se ha celebrado este jueves no tenía previsto el debate y votación de propuestas de resolución. Y no se han celebrado. Pero el Gobierno no se fiaba. Y la Mesa de la Cámara, con mayoría independentista, puede cambiar el orden del día casi cuando quiera.
Hoja de ruta de Torra
Por eso, entre otras razones, el Gobierno ha impugnado algunas de las últimas resoluciones del Parlament al Tribunal Constitucional. La suspensión de dichas resoluciones ha ido acompañada de advertencias nominales al presidente de la cámara, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa de las posibles consecuencias incluso penales de tramitar iniciativas sobre la autodeterminación.
Los temores del Gobierno tenían cierto sentido. Torra ha acabado presentando este jueves una hoja de ruta hacia la 'República catalana' que nadie en su Gobierno conocía. Y que parecía, más que otra cosa, una maniobra a la desesperada para presionar a ERC. Dicha propuesta incluye la celebración de un nuevo referéndum de independencia antes de que finalice la legislatura en 2022.
En su declaración ante los medios, Sánchez advirtió a Torra y a todo su gobierno que condenasen sin excusas la violencia. Y, según fuentes consultadas por este diario, Moncloa hizo llegar a Torra que iniciaría los trámites para intervenir la Generalitat si no se desmarcaba de la violencia que asolaba Barcelona en la noche del miércoles.
La advertencia forzó al presidente catalán a comparecer pasada la medianoche. Fue una declaración de poco más de un minuto.
El Gobierno cree que Torra está fuera de control. Y que ya no es un interlocutor válido. Sus propios socios de ERC se han desmarcado de su propuesta. Y el PSC y los Comunes se han sumado a PP y Ciudadanos exigiendo su dimisión. Hace solo unos días, estos partidos se abstuvieron en una moción de censura a Torra presentada por el partido naranja.
Sánchez no anunció nada en su comparecencia de prensa tras los encuentros con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, pero según ha sabido este periódico estaba preparado. El Ejecutivo sigue inclinándose por no adoptar medidas excepcionales en Cataluña de momento.
En Moncloa dudan de que Torra pueda o quiera realmente apaciguar los ánimos. Y creen que el problema es que después de años alimentando la desobediencia estos grupos violentos están descontrolados. Es difícil saber si el Gobierno dará algún paso más contra Torra.
Rivera, que también considera que el president de la Generalitat es el principal problema, ha pedido a Sánchez su destitución por la vía del 155. Pero Sánchez no la contempla en las actuales circunstancias.
Huelga masiva el viernes
El Gobierno se prepara ahora para afrontar la huelga del viernes en Cataluña. Moncloa da por hecho que será masiva. Está apoyada por las instituciones públicas. Y el que verdaderamente quiera ir a trabajar lo tendrá muy difícil. Este fin de semana es un momento crítico en las protestas contra la sentencia condenatoria a los líderes del proceso separatista.
Además de la huelga, las marchas que han partido desde distintos puntos de Cataluña confluirán en Barcelona. El temor es que se mantengan los disturbios o la ola de violencia crezca de una manera descontrolada. La Policía ha detectado grupos antisistema de Francia y Alemania en Cataluña.
La lectura que hace el Gobierno es que la crisis irá remitiendo a partir de la próxima semana. Sánchez es partidario de evitar las medidas excepcionales en Cataluña. Pero el jefe del Ejecutivo es consciente de que buena parte de la campaña electoral para las elecciones del 10-N se juega en las próximas horas. Y su permanencia en La Moncloa, que ahora se da por segura, también.
