El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Manuel Val Morales, que es policía local en el Consistorio de la capital andaluza, aseguró este martes que la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, utilizó en varias de sus investigaciones a un cuerpo policial "ilegal", según la declaración como testigo realizada ante el juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo Blanco, que se encarga del juicio contra 42 personas por el presunto amaño de unas oposiciones.
Según la declaración del testigo Val Morales, un acta de 17 de julio de 2015 confirma que el Ayuntamiento de Sevilla no había firmado un convenio con el Ministerio del Interior, por lo que la Policía Local de la capital andaluza, que había actuado como Policía Judicial para la Fiscalía sevillana, no tenía el amparo legal para desarrollar esas pesquisas encargadas por la fiscal Segarra.
En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla resaltó que la fiscal dejó de utilizar los servicios de esos policías "dos meses después" de ser advertida de la situación irregular: "No tenía sentido que no hubiera seguido utilizando Gepol", completó el testigo, que respondía a una pregunta realizada por el abogado Javier Carnerero, defensor de uno de los procesados, que le interpeló sobre si la desaparición de esta unidad policial tenía relación con sus denuncias.
El letrado Carnerero, que propuso como testigo al funcionario Val Morales, y por eso declaró con la obligación de decir la verdad, interrogó en primer lugar al funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, que explicó que el Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) había sido creado en 2010 tras una petición del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que había reclamado al Consistorio sevillano la cesión de unos policías locales para realizar "una investigación puntual".
La Policía Local de Sevilla, que había actuado como Policía Judicial para la Fiscalía, no tenía el amparo legal para desarrollar esas pesquisas encargadas por Segarra
Sin embargo, y según el testigo, la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, entonces fiscal jefe de Sevilla, se valió de ese grupo policial sin el preceptivo acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio del Interior: "No se ha suscrito un acuerdo", reiteró el funcionario, que completó: "En un escrito que le mandé al alcalde [Juan Ignacio Zoido] le dije que o lo regularizaba y lo ponía tal y como tenía que estar, o tenía que quitarlo porque los agentes de dicha unidad actuaban en un marco alegal o ilegal".
Calumnias contra Segarra
Como prueba de la supuesta irregularidad de la actividad de la denominada Gepol, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla aludió a un escrito de la entonces directora general de Hacienda y Recursos Humanos, Teresa Ojeda, un cargo político del Consistorio de Zoido (PP), que aseguraba que este colectivo policial no constaba en el Ayuntamiento Sevilla: "Para que exista un grupo en la administración local debe estar en la relación de puestos de trabajo", completó el agente.
"La directora general estaba preocupada por la investigación de esta Policía sin orden ninguna. La señora Segarra le abrió diligencias por calumnias a funcionario público, que fueron archivadas. No se recurrió", declaró el testigo ante el juez sevillano.
El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla dijo también que uno de los responsables de la unidad policial llegó a reclamar la regulación de la Gepol, "para acabar con la situación de precariedad laboral y desamparo", una aseveración que sirvió al abogado Carnerero, que defiende a uno de los policías procesados, para asegurar que los integrantes de este grupo eran conscientes de la situación irregular.
El testigo explicó también tras las quejas de los funcionarios y personal laboral por las investigaciones de Gepol "sin fin judicial", preguntó al alcalde Zoido sobre la legalidad de la actuación de la unidad policial. Y el primer edil le remitió entonces a la fiscal Segarra y al presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, como presidente de la comisión de Policía Judicial de Sevilla, que no le recibieron.
"Empecé a mandar documentos a la Fiscalía General del Estado", relató el testigo, que indicó después que el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa Cortina, le remitió un documento en el que aseguraba que la actuación de la Gepol sevillana se encontraba "dentro del marco de la legalidad vigente", y al amparo del convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) firmado en 2007.
Sin acuerdo con Interior
Pero el presidente de la Junta de Personal sevillana no estaba de acuerdo con esta aseveración, por lo que volvió a escribir el 28 de septiembre de 2015 a la Fiscalía General del Estado para completar que el Ayuntamiento de Sevilla "no tiene un acuerdo firmado" con el Ministerio del Interior bajo el convenio marco de 2007.
"¿Cómo se puede explicar esta respuesta, si no existe un convenio firmado?", interpeló entonces el abogado Carnerero, ante lo que el testigo destacó que el ministerio público le respondió que las actuaciones de la Gepol eran "conforme a la instrucción 1/2008 de la Fiscalía General del Estado. Me viene a contestar lo de la instrucción 1/2008 y se olvida del convenio marco", destacó el funcionario sevillano en su testimonio.
Por su parte, el interrogatorio de la fiscal de la causa por el presunto amaño de las oposiciones en el Ayuntamiento de Sevilla, Ana María Linares, buscó en todo momento desacreditar el testimonio del funcionario Val Morales. Y en sus respuestas el testigo reiteró que sus quejas contra la fiscal Segarra habían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado, al igual que ocurrió con una querella que Val Morales interpuso contra el exalcalde y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido por los mismos hechos.
Monteseirín y Zoido
"¿No es cierto que usted no denunció la legitimidad de la Gepol hasta que no hubo sospechas de trato de favor en las oposiciones del hijo del presidente del sindicato", preguntó la fiscal, a lo que el testigo dijo: "Incierto. Antes de una reclamación se intenta hablar con el político, con Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Ignacio Zoido, en 2014, una vez iniciada esta investigación".
La fiscal recordó, en el mismo sentido, que Gepol había investigado tres asuntos judiciales: "¿Como explica que no se haya discutido la legitimidad de la Gepol como policía judicial hasta este asunto?", destacó en su pregunta la responsable del ministerio público al testigo, que aseguró que él desconocía lo que había ocurrido en otros procedimientos.
La Gepol ya no está en funcionamiento por decisión del actual alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que para tomar esta decisión, según Europa Press, aludió a un escrito de la Fiscalía que reclamaba la medida porque las personas que estaban dedicadas "a esta labor como policía judicial, bajo directa dependencia de la Fiscalía, habían concluido su trabajo".
Sindicato de Policías
La declaración del presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, que está afiliado al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), del que también es secretario, se produce en el juicio por la presunta filtración de los exámenes de dos oposiciones promovidas por el Consistorio andaluz para cubrir plazas de policías locales.
La Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos familiares o sindicales", toda vez que en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, entre ellos el hijo de Manuel Bustelo, presidente del sindicato Sppme en Sevilla, y el sobrino del que fuera superintendente de la Policía Local Juan José García, según informa Europa Press.
