El inspector jefe de la UDEF encargado de investigar el caso del ático de Ignacio González ha reclamado al juez que investiga en Estepona (Málaga) la causa que emita una comisión rogatoria a Argentina para investigar al supuesto dueño inicial del dúplex de lujo del expresidente madrileño, según consta en un informe del pasado 30 de mayo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
También pide que se emita una comisión rogatoria a Estados Unidos para investigar las cuentas de la empresa Coast Investors, con la que se compró en 2008 el ático. Al mismo tiempo cree necesario pedir más información al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Lezo, en el que está imputado Ignacio González.
De esta forma, este inspector quiere averiguar el papel desempeñado por el ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto en la compraventa en 2008 del inmueble por parte de la empresa Coast Investors, que habría abonado 750.000 euros, cuando el precio inicial al que se puso en venta el ático era de un millón de euros.
Un desconocido
"El vendedor [Pedro Javier Villate] redujo considerablemente el precio de venta (un 25%, 250.000 euros) por, según manifiesta, la confianza que le inspiró un desconocido, Rudy Valner por vía telefónica. La agente inmobiliaria no cobró por sus servicios por, según manifiesta, la amistad que le une con el vendedor", pone de manifiesto la Policía en su oficio.
Esta compra, que la Policía considera sospechosa, se realizó de forma telefónica, y pocos días después de que la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, visitara la vivienda, que alquiló el inmueble de forma inmediata.
El agente de la UDEF alude al nombre del presunto testaferro argentino después de que el intermediario Rudy Valner diera su identidad en una declaración por escrito en calidad de testigo. Valner, quien formalmente era el representante de la empresa Coast Investors, que acabó vendiendo el inmueble a Ignacio González en 2012 por 770.000 euros, trabajó para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la empresa Vídeo Mercury.
Sin intereses
El informe policial destaca, en el mismo sentido, que ni el administrador de Coast Investors, Rudy Valner, "ni el supuesto titular real de la misma, Luis Osvaldo Repetto, tienen intereses o vinculación personal directa con España".
Y tampoco tienen vinculación, prosigue la Policía en su documento, con el mercado inmobiliario: "De hecho, el sector de actividad de ambos es el audiovisual", completa el inspector jefe, que hace alusión a una información publicada por el diario El Español en la que se pone de manifiesto que Repetto podría estar "en quiebra desde 2002".
Esta situación, la quiebra del ciudadano argentino, impediría que Repetto hubiese sido el empresario que aportó los 750.000 euros necesarios para comprar la vivienda en 2008: "Tampoco sería coherente con la rebaja de la cuota del alquiler, que pasó de 6.000 euros al trimestre a 4.200 euros", indica el inspector de la UDEF.
Socio de Cerezo
Tampoco hay constancia, completa el informe policial, de que Repetto tuviera algún tipo de interés en España antes del año 2008. Sin embargo, a tenor de la declaración de Valner como testigo, todas las decisiones que tomó como administrador de Coast se realizaron siguiendo las indicaciones del empresario argentino, que también fue socio de Enrique Cerezo, imputado en la causa, en la producción de una película, algo que la Policía no cree verosímil.
De esta forma, cuando Valner realizó una transferencia de 100.000 euros en concepto de pago de señal al primer propietario, lo hacía obedeciendo al productor de cine argentino: "Este pago se realiza sin que haya constancia de que Repetto o Valner visitaran la propiedad y sin designar a alguien que lo hiciera en su nombre", concluye el inspector en su documento.
Finalmente, el informe policial reclama también al juez que envíe una comisión rogatoria a Estados Unidos para analizar las posiciones bancarias de Coast Investors en este país.
El inmueble fue adquirido en 2012 por Ignacio González y Lourdes Cavero con fondos de origen "no sospechoso", destaca el inspector, que sin embargo recuerda que se desconoce el destino de los 770.000 euros abonados por el matrimonio a una cuenta a nombre de Coast Investors, una sociedad creada en Delaware, un estado considerado un pseudoparaíso fiscal.
