El Estado afrontará en los próximos días uno de los momentos más delicados en su tarea de evitar la celebración del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. Según fuentes oficiales consultadas por Vozpópuli, conocedoras de primera mano del procedimiento, en cuanto la Generalitat de Cataluña comunique la lista de los colegios electorales designados, el Ministerio Fiscal ordenará la movilización de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) para que impida la apertura de estos locales. Este operativo, según las fuentes citadas, se desarrollará en las jornadas previas al 1-O en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de la Ley del referéndum.
De esta forma, con las puertas de los colegios precintadas de antemano, los directores de centros de enseñanza, funcionarios de la Generalitat o voluntarios que custodien las llaves y las utilicen para abrir estos recintos podrían cometer un delito de desobediencia. De partida, la Fiscalía ya ha ordenado a la Policía Judicial que interrogue a los alcaldes dispuestos a ceder locales para el 1-O y que los detenga si no comparecen. Para efectuar esas posibles detenciones "en el plazo más breve posible", serán los Mossos d'Esquadra los que ejerzan la labor de Policía Judicial.
Así mismo, las fuentes citadas apuntan que el despliegue para la clausura de los colegios electorales será "especialmente intenso" en las grandes ciudades de Cataluña, es decir, en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Tarragona o Sabadell. Si bien en algunas de las urbes principales como Barcelona o L'Hospitalet sus ayuntamientos no han cedido a la Generalitat locales municipales para el referéndum, el Estado trabaja ya con lo ocurrido en la preparación del 9-N: será el Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont el que trate de habilitar sus propias sedes autonómicas en dichos núcleos. El Govern dice que terminará de notificar la próxima semana el nombre de los 55.000 elegidos para las mesas electorales.
En esos puntos neurálgicos, el número de colegios disponibles se verá reducido con respeto a las últimas elecciones catalanas, lo que juega a favor del Estado para poder llegar con la orden de cierre a un mayor número de locales. Por ejemplo, en Barcelona, el Ayuntamiento dirigido por Ada Colau gestionó la apertura de 263 sedes de votación en los comicios regionales del 27 de septiembre de 2015. Sin embargo, en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, el entonces alcalde, Xavier Trias, no firmó la cesión de ningún inmueble y fue directamente la Generalitat de Artur Mas la que se encargó de que abrieran 149 centros en la ciudad.
El censo que quiere utilizar el Govern para el 1-O es el cerrado a 30 de marzo de 2017, en torno a 5,5 millones de votantes en toda Cataluña. De modo que sólo en Barcelona capital reside un 20% del electorado catalán.
En este contexto, desde Moncloa mantienen su posición de que el 1-O "no se convertirá en absoluto en otro 9-N" porque "es necesario restablecer la legalidad" frente a quienes pretenden "liquidar la soberanía nacional". Con todo, en el Gobierno no descartan que el día de autos deje la imagen de gente "simulando una votación" en zonas periféricas y menos pobladas, pero será sin la "más mínima uniformidad", recalcan.
El dispositivo se incrementará a partir de la próxima semana con la llegada de al menos otros cuatro grupos de UIP
Además, según fuentes policiales, ya se han dado instrucciones para la movilización de unidades de antidisturbios de fuera de Cataluña. De momento, hay en suelo catalán alrededor de 250 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) procedentes de cinco grupos de antidisturbios (cada uno integrado por 50 efectivos). Un dispositivo que se irá incrementando a partir de la próxima semana, aseguran dichas fuentes, con la movilización de al menos otros cuatro grupos de UIP desplazados desde Madrid, Valladolid, Asturias y Granada.
Así mismo, tales fuentes revelan a Vozpópuli que en buena parte de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de todo el territorio español se han denegado los permisos del 26 al 30 de septiembre, es decir, en los cinco días previos a la fecha del referéndum de independencia.
Junto a ello, la Dirección General de la Policía ha pedido agentes voluntarios entre las distintas Brigadas provinciales de Policía Judicial e Información de España para que se sumen al operativo en Cataluña. Tales circulares han llegado a las delegaciones de Andalucía, Madrid o País Vasco, entre otras comunidades. La instancia dice que los agentes viajarían en comisión de servicio por un plazo de veinte días o hasta nueva orden. En caso de que no haya un número suficiente de voluntarios, estos policías serán movilizados obligatoriamente por Interior, lo que ya ha generado críticas internas en el Cuerpo por deficiencias en la planificación, admiten las fuentes policiales citadas.
Guardia Civil
En lo que respecta a la Guardia Civil, su presencia en toda Cataluña ronda los 3.500 agentes, de los cuales 240 han visto cómo quedaba congelado su traslado -ya aprobado- a otras comunidades al menos hasta el 10 de octubre. A la unidad de GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) de Barcelona se están sumando las de otros destinos (Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia...), indican las mismas fuentes.
En la última semana, estos efectivos del Instituto Armado han intervenido por orden judicial en los registros de una imprenta en Constantí y dos sedes de un semanario en Valls. La investigación rastreó material del 1-O en ambos enclaves de Tarragona. Dichos agentes también han procedido al cierre de la página web oficial de la consulta separatista.
