El eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha pedido en una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que impulse en lo que resta de su mandato una reforma del sistema de órdenes europeas de detención y entrega para incluir la rebelión en la lista de 32 delitos graves por los que se debe proceder a la entrega automática.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Pons explica a Juncker que ha decidido trasladarle esta petición dada la "falta de interés" mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez después de que el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein aceptase la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación, pero rechazara el cargo de rebelión.

"Creo en la importancia de las euroórdenes porque han demostrado ser útiles en muchas ocasiones. Pero esta vez nos ha fallado, ha fallado a una nación que se defendió y todavía se defiende de aquellos que están intentando romperla en pedazos. Y al final ha socavado nuestra confianza en el sistema", lamenta Pons en la carta.

"Por tanto pido que presente propuestas legislativas para remediar y aclarar el funcionamiento del sistema de euroórdenes antes de que acabe este periodo legislativo", añade el eurodiputado 'popular'.

Revisar la lista de delitos graves

En concreto, Pons pide revisar la lista de 32 delitos graves que llevan a aceptar la entrega sin tener que comprobar la doble incriminación con el objetivo de "incluir una nueva categoría de delitos de rebelión, acciones contra la integridad territorial y el marco constitucional de un Estado miembro".

El eurodiputado del PP asegura tener "absoluto respeto" por la independencia del poder Judicial, pero añade que esto "no significa necesariamente equidistancia". En este sentido, muestra su "profundo desacuerdo" con la decisión del tribunal alemán, que a su juicio supone una "preocupación grave" sobre el funcionamiento general del sistema de euroórdenes.

"Las euroórdenes funcionan sobre la base del principio de reconocimiento mutuo dentro de un espacio común de libertad seguridad y justicia. El pronunciamiento del Estado miembro emisor debe ser reconocido sin más formalidades y únicamente sobre la base de criterios judiciales", ha remarcado Pons.

Críticas

Sin embargo, ha criticado que un tribunal "regional" pueda "desafiar" en 60 días una investigación "exhaustiva" llevada a cabo por un Tribunal Supremo durante un periodo de más de 9 meses "con el más alto nivel de profesionalidad y sobre la base de pruebas legalmente demostrables".

"Vivimos en un momento en el que los Estados miembros pueden revocar el acuerdo de Schengen y reintroducir los controles fronterizos para detener a refugiados que entran en nuestros países pero levantan las barreras para permitir la libre circulación de criminales y delincuentes", ha denunciado.