"Responsabilidad del primer partido de la oposición", "sentido de Estado", "experiencia de haber gobernado muchos años". Estas afirmaciones de dirigentes del Partido Popular consultados por Vozpópuli son algunas de las que han llevado a la formación de Pablo Casado a inclinarse por la más que probable abstención en la cuarta prórroga del estado de alarma que se debate y vota este miércoles en el Congreso de los Diputados.
El PP ha descartado un comité de dirección telemático antes del pleno en la Cámara Baja, que empieza a las 10 horas, para evitar disensiones internas, así que es muy posible que Casado aguante al límite antes de anunciar el sentido del voto.
En todo caso, el secretario general, Teodoro García Egea, ha sondeado en las últimas horas a los principales dirigentes nacionales y autonómicos, quienes le han trasladado en su gran mayoría que lo mejor es una "abstención crítica", en palabras de uno de ellos.
En Génova pesa mucho el vértigo de pasar del 'sí' al estado de alarma y sus tres primeras prórrogas -en las que no presentó enmiendas a los decretos de Sánchez- al 'no' en apenas quince días. Sobre todo, tras el acuerdo anoche del Gobierno con Ciudadanos y el PNV, y teniendo en cuenta las encuestas que están premiando a Casado con esa mano tendida al Gobierno en medio de la pandemia.
Errores de gestión
Esta actitud constructiva, que en la sede nacional del PP lamentan que el Gobierno no se valore en público, ha sido compatible con alzar la voz ante las acciones del Ejecutivo que no han tenido que ver con el estado de alarma, caso de la inclusión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión delegada del CNI o del decreto de vivienda que amparaba expropiaciones hasta que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó tal extremo.
Las críticas también han sido extensibles a los errores de gestión en la compra de material sanitario por parte del mando único o la falta de protección en muchos hospitales, que han llevado a España a ser el primer país del mundo en número de sanitarios contagiados por la covid-19. Por eso, García Egea constató ayer que el caos al que alude el Ejecutivo ya se ha vivido en las últimas semanas.
En Génova también están muy molestos con las amenazas que el lunes les lanzaron en el lapso de unas horas los respectivos secretarios de Organización del PSOE y Podemos, el citado Ábalos y Pablo Echenique, del posible repunte en el número de fallecidos por el virus si los populares votaban 'no'.
De ahí que Casado se mostrase contundente ese día al asegurar que no tenía sentido que el estado de alarma se prolongase "más allá de 60 días". En su opinión, la 'desescalada' "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades.
"El PP a día de hoy considera que no puede apoyar la prórroga del estado de alarma", afirmó sin aclarar el sentido final del voto. En cualquier caso, dejó la puerta abierta a la negociación al exigir al Gobierno que desvinculase la prestación de los ERTEs al estado de alarma, una petición que la Moncloa estaba negociando ayer con Ciudadanos y otras formaciones políticas.
El plan B, con dificultades
Dirigentes del PP reconocen en privado que el Ejecutivo de Sánchez podría encontrarse con dificultades en la gestión de un súbito fin del estado de alarma. Egea planteó ayer un plan B con la posibilidad de utilizar tres leyes ordinarias –las de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil-, si bien exigiría cambios legislativos.
El 'número dos' del PP planteó al Gobierno negociar "en 24 horas" dichos cambios para llevarlos al decreto de prórroga que se vota hoy en el Congreso, con el fin de que su entrada en vigor fuese el mismo sábado en el que se renueva el estado de alarma. Pero Sánchez prefirió mirar a Ciudadanos y PNV en busca de acuerdos.
