"Yo tengo pruebas en este sumario". Ya lo advirtió en 2015 el entonces juez a cargo del caso Púnica. En pleno interrogatorio a un testigo, el magistrado Eloy Velasco aseguró tener evidencias de que el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre había ordenado pagar "en sobres" gastos electorales del PP de Madrid. En concreto, se refería a remuneraciones coordinadas por Salvador Victoria, quien fuera consejero de Asuntos Sociales de aquella administración.
Esta semana, el juez titular en la investigación Manuel García-Castellón analiza los datos recabados en estos cinco años en la Audiencia Nacional para determinar si acuerda la imputación de la expresidenta madrileña. La Fiscalía anticorrupción quiere que se le investigue por su participación en la presunta financiación irregular del PP madrileño.
Velasco, quien dirigió las primeras pesquisas del caso, afirmó tener información que vincula a la Comunidad de Madrid con la supuesta caja b del partido de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. "Explíqueme por qué Salvador Victoria ordena a una persona -que vino aquí a decírmelo- que le pagaran a usted dinero en sobres; es decir nada por facturas, nada limpio. ¿Por qué me lo han podido decir a mí? Algo que además está constatado y en otros [casos] hemos podido comprobar que lo han hecho", preguntó el magistrado.
El testigo presente en el interrogatorio era Juan Miguel Madoz, administrador único de la empresa Swat SL. Según declaró la exdirectora de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego -y recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus oficios-, se trata de un empresario que trabajó de forma irregular para el PP en la campaña de 2007.
Sondeos electorales pagados en negro
Según explicó el juez Velasco, la empresa Swat -propiedad de Madoz- encargó a Demométrica -especialista en sondeos electorales- una "encuesta dirigida a medir la valoración e imagen de los líderes de los principales partidos políticos de la Comunidad de Madrid". Ese trabajo se realizó en cuatro oleadas entre mayo de 2008 y abril de 2009 y dejó dos facturas; una de ellas a Swat y otra a nombre de una segunda sociedad, que según informaron otros testigos al juez pertenecería al mismo grupo empresarial.
En la declaración, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2015, Madoz negó en todo momento su vinculación con esta última. Negó haber realizado proyectos con la Comunidad de Madrid o el PP regional. Y negó los pagos en negro: "Me preguntó la Policía si a mí me debía dinero alguien y yo dije que no. Y encima en negro. ¿A mí? A mí no me debe dinero nadie y menos en negro".
En su intento por obtener más datos, el juez Velasco insistió en que quería "contrastar esas versiones" que, según explicó, había obtenido de otras declaraciones y pesquisas. "Sé que es feo reconocer ante un juez un pago pedido en dinero negro por un consejero político, pero si es verdad yo quiero saberlo", dijo.
"Trabajos políticos no facturables"
- ¿Le ha hecho usted trabajos al PP?
- Que recuerde no.
- ¿Al PP de la Comunidad de Madrid?
- Vamos a ver, trabajos al PP de la Comunidad de Madrid no.
- ¿A gente del PP?
- Yo creo que tampoco.
- ¿Al señor Salvador Victoria?
- No. Lo mismo.
Pese a la negativa de Madoz, el magistrado puso sus sospechas sobre la mesa. "Usted podría hacerles trabajos políticos facturables y no facturables. Quizás le deban dinero por algo no facturable, no fácilmente explicable", añadió antes de invocar la memoria del testigo.
"Quiero que haga memoria a ver si es posible que Salvador Victoria o el Partido Popular o la Consejería de Presidencia de Madrid o la Comunidad Autónoma de Madrid le deben a usted alguna cosa rara, irregular, por la que le querría pagar el señor Victoria en negro a través de tercero", apuntó el juez. Pero Madoz no arrojó ninguna luz a la pregunta.
"Tengo pruebas muy concretas"
El empresario aseguró que no había trabajado para la Comunidad de Madrid. "Yo no he hecho ningún trabajo nunca y lo he intentado; como lo he intentado en Aragón y como lo intento en Murcia", señaló Madoz en una especie de lamento que el juez desechó tajantemente. "No me interesa nada más que este extremo, porque yo tengo pruebas muy concretas y no quiero perder ni hacer perder el tiempo", espetó el magistrado para posteriormente preguntar por los nombres hasta ahora salpicados en el caso Púnica.
- Vamos al grano, ¿cargos de trabajo del señor [Borja] Sarasola usted no había hecho?
- Ya le he dicho que no sé.
- ¿Beltrán Gutiérrez le suena?
- A mí me suena.
- ¿No lo vincula a encuestas y partido popular?
- No.
- ¿Para algún pueblo de la Comunidad de Madrid ha hecho usted encuesta? ¿Cofely le suena?
En aquel interrogatorio Madoz admitió que conocía al exconsejero Sarasola, pero aclaró que no había trabajado con él. Dijo que habían coincidido entre 2004 y 2005, luego de que ganara con su empresa Swat uno de los concursos para llevar la campaña de publicidad sobre el ahorro de agua del Canal de Isabel II. "Es la época en la que conozco a esa gente", aseguró.
Reuniones clave
Según la declaración de la exdirectora de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, Madoz participó en reuniones con el exdiputado del PP Borja Sarasola, que era el que se ocupaba de las reuniones de la campaña de 2007. "Mediante esa agenda se coordinaban reuniones asistiendo a las mismas determinadas personas del Partido Popular con los responsables de la empresa Swat S.L, concretamente con Madoz", destaca la UCO en un oficio de 29 de mayo de 2019 al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En algunas de esas reuniones, que se celebraron en sede de la empresa Swat, del PP madrileño y en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, según Isabel Gallego, llegaron a participar Esperanza Aguirre y Francisco Granados, pero también Ignacio González, que en 2011 fue el jefe de campaña; el jefe de gabinete del PP de Aguirre, Borja Sarasola; y la secretaria del PP Territorial, Cristina Cifuentes. En una carta, sin embargo, Gallego rechaza que en estas "presentaciones" se hablara de pagos.
La información aportada por la UCO forma parte de los argumentos presentados por el Ministerio Fiscal para pedir la imputación de la expresidenta Aguirre. Las pesquisas realizadas por el juez Velasco al inicio de la causa y del magistrado García-Castellón en los últimos años conforman el sumario que esta semana se revisa en la Audiencia Nacional. Tras cinco años de instrucción, el caso Púnica se acerca al final de su instrucción.
