La polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes sigue abierta. Esta semana conocerá un nuevo capítulo con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un pleno monográfico en la Asamblea regional. La oposición afila sus armas y la líder del PP prepara sus argumentos. Y sus pruebas. Algunas, aún por exhibir. En especial, el Trabajo Fin de Máster (TFM), que se ha convertido ahora en el eje fundamental de las sospechas.
Dos pruebas, dos piedras de choque ha de superar la presidenta en el inmediato futuro. De un lado, la investigación externa que ha abierto el propio rectorado "al objeto de promover la máxima transparencia en este proceso". Una medida sorprendente si se piensa que la cúpula en pleno de la Rey Juan Carlos salió, horas después de conocerse el asunto, a despejar todas las dudas en torno al máster.
El rector justifica este paso en base al reglamento de régimen interno del Grupo de Trabajo de Inspección de servicios, algo a lo que no hizo referencia durante su rueda de prensa en apoyo de Cifuentes. Refrendaron, primero, la actuación de la presidenta y luego abren una investigación sobre ella. Algo no cuadra, piensan fuentes académicas.
En el caso de que este órgano plantee algunas dudas en su informe o incluso subraye irregularidades en el trabajo objeto de análisis, la figura de la presidenta quedaría muy perjudicada. Incluso 'tocada', como señalan en su partido.
El informe de la UCO
Otro frente relevante es la denuncia por falsificación documental promovida por una serie de asociaciones universitarias presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Este asunto está aún en fase inicial, pero podría convertirse en un grave problema para la presidenta de la Comunidad si es citada a declarar en calidad de investigada.
Una posibilidad que ahora mismo se descarta en el PP madrileño, pero que, de concretarse, Cifuentes se encontraría ante un escenario muy serio, dado que el pacto que suscribió con Ciudadanos para alcanzar la presidencia regional exige la dimisión de cualquier cargo que resulte imputado.
Campañas y ataques
La líder de la Comunidad de Madrid ha defendido su inocencia en diversas apariciones públicas. Ha insistido en el error informático, en una despiste administrativo, en una campaña orquestada, en el 'fuego amigo'. Y se ha comprometido a no dar un paso atrás y a mantenerse en el puesto. Su estrategia defensiva ha incurrido en algunas contradicciones, que no ayudan a despejar el manto de sospecha en torno a su actuación. Vehemente, visceral, el estilo de la presidenta siempre es la ofensiva.
Igual ocurrió cuando un informe de la UCO la señaló en el caso Púnica'. Se trata de "un juicio de valor sin fundamento jurídico", escribió Cifuentes en un tuit. En Moncloa consideraron muy desafortunada esa ruidosa salida a las redes. Ahora miran hacia otro lado.
Rajoy ni respondió este Jueves Santo al ser preguntado sobre el caso durante uno de sus paseos matinales en su descanso en Galicia. La única voz firme en defensa de la atribulada presidenta ha sido Dolores Cospedal, quien también publicó un tuit polémico: "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico".
A un año de las elecciones autonómicas, resulta impensable que Rajoy prescinda de su principal activo en Madrid. Hay demasiadas cosas en juego. Otra cosa es que los resultados de estos dos frente abiertos (investigación de la Universidad o evolución de la denuncia) progresen hasta lindes incómodas. También se piensa en la presencia de Cifuentes en los casos Púnica y Lezo. Demasiados inconvenientes para una candidatura que, por el momento, nadie en el PP pone abiertamente en cuestión. Otra cosa es lo que decida Rajoy a la hora de le verdad. "Ni pestañearía si necesita, llegado el momento, prescindir de ella" dicen en su partido. Basta pensar en el caso Camps y sus cuatro trajes. "Se lo cargó, y era su amigo, y había elecciones, y resultó no culpable, y puso a un desconocido Fabra", apuntan. "Ahora podría hacer lo mismo. A lo mejor ya ha pensado en Soraya (Sáenz de Santamaría) y nadie lo sabe", concluyen
