Política

Sánchez quiere dejar atado el referéndum en Cataluña antes de ir a elecciones

El problema es que los barones y alcaldes del PSOE no quieren embarcarse en nada que 'suene' a privilegio antes de 'sus' elecciones: en Andalucía probablemente este otoño y en el resto, el 26 de mayo 

  • Encuentro entre Quim Torra y Pedro Sánchez, el pasado 9 de julio en La Moncloa

En la Dirección del PSOE y en las federaciones empieza a abrirse paso la idea de ir a las elecciones generales con un éxito "tangible" en Cataluña y no confiar en que el mero discurrir del tiempo amaine el conflicto, como hizo Mariano Rajoy, según señalan diversos sectores a Vozpópuli coincidiendo con algunos destacados exdirigentes.

El problema surge al plantear cuándo abordar esa hipotética negociación con la Generalitat independentista, porque los barones y alcaldes no quieren oír hablar de nada que suene a privilegio para los catalanes a medida que se acerque su campaña electoral; en el caso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es ya mismo, y en el del resto, el 26 de mayo de 2019, fecha de las elecciones autonómicas y municipales.

"Ahora que ya se ha normalizado el diálogo con la Generalitat, ese es el dilema que tiene que resolver el partido" reconoce una de las fuentes, un importante exdirigente de un PSOE que ya está en modo electoral, el peor escenario para desarrollar una estrategia que va a requerir "buenas dosis" de renuncia. 

Todos coinciden en que el problema catalán en su actual versión se resolverá, el día en que los catalanes vuelvan a votar, como acaba de admitir Pedro Sánchez, pero ¿qué? ¿"un acuerdo" bilateral Generalitat/Estado, aún sin el apoyo del PP y Ciudadanos? ¿Una nueva reforma estatutaria?.

En este punto hay división entre los consultados: unos creen que, por lo menos, Sánchez debe atraer a Pablo Casado a la solución para que esta sea duradera -y, de paso, para aislar a Albert Rivera-, y luego están quienes piensan que esa operación es "poco menos que imposible" con las cotas de enfrentamiento a las que se ha llegado.

El Gobierno ha llegado a la conclusión de que Torra no va a cruzar 'líneas rojas' por más que insista en sus discursos incendiarios para "consumo interno"

De lo que están convencidos todos en Ferraz y en La Moncloa es de que Quim Torra lanza mensajes duros para "consumo interno" de las bases del PDCat y ERC -y para que la CUP no le retire definitivamente el apoyo- pero en ningún caso traspasará líneas rojas que conduzcan de nuevo a la ilegalidad.

Por eso la tentación en determinados círculos de la Ejecutiva Federal es la de, pasada la Diada Nacional de Cataluña, este martes, y la celebración del primer aniversario del referéndum del 1-O, establecer conversaciones "serias" con Torra para alcanzar un acuerdo; al margen de los asuntos cotidianos que se abordan en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. 

No se trataría tanto de reformar otra vez el Estatut de Autonomía (2006) para incluir los 14 puntos que tumbó el Tribunal Constitucional -al ser Ley orgánica PP y Ciudadanos tendrían muy fácil boicotear prorrogando plazos de enmiendas con su mayoría en la mesa de Congreso-, cuanto someter a la consideración de los catalanes el "marco" de la solución pactada al bloqueo que padecen desde hace un año.

Los barones socialistas quieren que la negociación con Torra empiece a partir del 26 de mayo para que no les afecte en las elecciones autonómicas y municipales

Los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas temen embarcarse en esa aventura porque eso facilitaría a sus rivales del PP y Ciudadanos un eje de campaña imbatible: el riesgo de la unidad de España. 

Así que, incluso en la propia Dirección del PSOE, algunos especulan ya con aplazar la negociación con Torra para el período que va de las elecciones del 26 de mayo y las elecciones generales, las cuales -salvo que Sánchez no logre ver aprobados los Presupuestos- serán a partir del otoño del año próximo.

El refrendo muy mayoritario de la población catalana a ese acuerdo ofrecería, opinan varias fuentes consultadas, un fuerte impulso al presidente del Gobierno como candidato electoral porque, aunque el PP critique el acuerdo, luego Pablo Casado tendría "muy difícil" oponerse al resultado.   

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