Después del debate bronco y desagradable del pasado jueves en el Congreso sobre la prisión permanente revisable, el PSOE buscará apoyo fuera de la Cámara para llenarse de motivos con que sostener y defender su negativa a la vigencia de esta pena máxima en el ordenamiento jurídico español. "Ahora se trata de hacer pedagogía", afirman fuentes parlamentarias socialistas consultadas por Vozpópuli. Para ello, confían en el papel de los expertos que serán propuestos por su grupo para dar su opinión en la Comisión de Justicia. Así, esperan que las comparecencias de juristas contrarios a la prisión permanente rebajen su desgaste a ojos de la opinión pública y aminoren el nerviosismo interno.
En el principal de la oposición, según las mismas fuentes, insisten en que este asunto "no debió ir al Pleno" en una semana marcada por la tragedia del pequeño Gabriel, pero una vez pasado el trance, lo que toca es mirar hacia adelante y trabajar "desde un punto de vista didáctico" en el Parlamento, insisten. Rechazadas en el plenario las dos enmiendas a la totalidad que presentaron PP y Ciudadanos a la proposición de derogación del PNV (con los votos de PSOE, Unidos Podemos y los partidos independentistas), ahora se inicia en la Comisión de Justicia la fase de enmiendas parciales. Para darle fundamento a tales enmiendas, las fuentes citadas avanzan que el PSOE tiene previsto pedir la comparecencia de juristas, catedráticos de derecho penal y expertos en materia penitenciaria. En todo caso, PP y Ciudadanos suman mayoría en la Mesa del Congreso para ir pidiendo sucesivas prórrogas (no hay tope de tiempo) en la presentación de estas enmiendas y bloquear la tramitación parlamentaria.
Con las comparecencias, los socialistas no sólo reforzarán su argumentario sino que además ganarán tiempo en espera del fallo del Tribunal Constitucional, al que recurrieron en 2015 contra la aprobación de la prisión permanente revisable por parte del Gobierno de Mariano. En la dirección del Grupo Parlamentario del PSOE ansían que esta sentencia llegue lo antes posible. Además, están convencidos de que les dará la razón ante un medida que "no tiene como meta la reinserción", el objetivo de las penas de prisión que aparece recogido en la Constitución, subrayan.
Entretanto, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, manifestó su rechazó a "la ampliación de la prisión permanente" en los cinco supuestos que plantea el PP (actualmente están regulados ocho), porque entiende que es "contraria a la finalidad propia de la pena y tampoco consigue la finalidad que se pretende, es decir, bajar la criminalidad en asuntos como los que estamos viviendo".
No obstante, Ortega expresó el máximo respeto a quien piense de otro modo y "fundamentalmente a las víctimas y a sus familiares, que humanamente es muy comprensible que tengan una idea contraria".
"Merecen justicia"
Por su parte, el colectivo de familias afectadas por una posible derogación de la prisión permanente recibió el respaldo de la asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), que piden que no se derogue la prisión permanente revisable porque parece que "muchas veces se legisla pensando más en los derechos de los asesinos".
Así, defendieron el "cumplimiento íntegro de las condenas por parte de los terroristas, ni un día más, pero tampoco un día menos". De este modo, las asociaciones de víctimas del terrorismo recalcaron que "los asesinos de todos estos niños y adolescentes merecen justicia", en alusión a Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Diana Quer o Sandra Palo.
En su opinión, "no estamos hablando de ningún tipo de cadena perpetua", pues la prisión permanente revisable, apuntaron, puede ser suspendida a los 25 años de cumplimiento si se dan una serie de requisitos establecidos en la ley.
