Política

Alerta en los feudos del PSOE por la revuelta del campo: "Son nuestros votantes"

Pedro Sánchez viajará próximamente a Extremadura en una estrategia para no perder pie electoral entre unos sectores que tradicionalmente han votado al partido del puño y la rosa

  • Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz en un mitin del PSOE extremeño

La revuelta que se está produciendo en el campo por la caída de precios, el incremento el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 29% en solo dos ejercicios, y el consiguiente aumento súbito del paro en 2019 ha puesto en alerta al Gobierno pero, sobre todo, a las federaciones del PSOE en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que serían las grandes damnificadas de celebrarse hoy elecciones.

Les salva que no hay urnas en el horizonte -las autonómicas andaluzas tocan en 2022 y en las otras dos comunidades en mayo de 2023-, pero sus secretarios generales, Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page no dejan de observar con preocupación un fenómeno que amenaza los feudos tradicionales del socialismo.

"Son nuestros votantes, no los de Podemos" los que salen a la calle a protestar, asegura a Vozpópuli de forma gráfica un importante dirigente socialista, quien no cuestiona la subida del SMI y la mejora de vida de los más desfavorecidos sino la paradoja de que, habiéndolo subido de forma desmedida, haya mandado a muchos de sus destinatarios a la economía sumergida.

Creen que el ministro de Agricultura, Luis Planas, es "el mejor preparado" para afrontar una situación como esta, porque ha sido antes embajador de España ante la UE y ha negociado la Política Agraria Común (PAC), pero cuestionan que el Gobierno se haya dejado llevar por el socio de Gobierno a la hora de subir el SMI en grandes cantidades sin tener en cuenta que ellos se juegan menos porque el voto de Podemos es urbano, no rural.

Las federaciones del PSOE del sur de España critican al líder de UGT por echar más leña al fuego al acusar a los agricultores de dejarse llevar por la "derecha terrateniente y carca"

Cuestionan afirmaciones surgidas en el entorno de Unidas Podemos y, sobre todo, las del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusando a los agricultores que se manifestaron en Don Benito (Badajoz) la pasada semana con ocasión de la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, de dejarse llevar por "la derecha terrateniente" y "carca", porque han soliviantado más un ambiente ya caldeado desde hace muchos meses.

"No es verdad lo que dice, son plataformas de agricultores jóvenes no controladas por las organizaciones tradicionales, Asaja, Upa y COAG", señala esta fuente socialista, muy preocupada por el auge en el ámbito rural no ya del PP sino de Vox; de hecho, este miércoles, su líder, Santiago Abascal, ha tratado de hacerse la foto con los agricultores en Madrid dentro de esa nueva estrategia, pero le ha salido 'movida' porque el sector más ligado a UGT se le ha enfrentado.

Lo cierto es que ya en enero de este 2020 el desempleo agrario ha continuado aumentando en Andalucía (6.390 parados más), mayormente en Jaén y Córdoba por la mala cosecha de aceituna; Castilla-la Mancha (1.203); y en menor medida Extremadura (398, todos ellos en Badajoz), después de la fortísima caída del empleo rural allí en el último trimestre de año pasado.

Pedro Sánchez se ha 'remangado' para hacer frente al desgaste: este miércoles pidió a Charles Michel en Bruselas garantías de que la UE seguirá gastando dinero para subvencionar la agricultura española

Lo cierto es que la preocupación ha llegado también a La Moncloa. Pedro Sánchez prepara un viaje en los próximos días a Extremadura, dentro de la ronda de visitas a las autonomías que anunció tras su toma de posesión y que este jueves inicia con Quim Torra en Cataluña, y, además, quiere convertirse en el abanderado de los países de la UE que van a exigir que la inversión comunitaria en el campo europeo no decaiga.

En este sentido, Sánchez aprovechó la reunión que mantuvo este miércoles en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, para exigir que los niveles de participación de España en los fondos de cohesión y en la PAC que subvenciona las explotaciones españolas no decaiga.

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