Impedir la elección de una persona no inhabilitada por sentencia firme es "muy difícil", admitían este jueves a Vozpópuli fuentes políticas y jurídicas; y lo hacían antes de conocerse el revolcón del Consejo de Estado al Gobierno en el informe preceptivo que le había solicitado antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de designar a Carles Puigdemont candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

El Consejo de Estado no ve fundamentos jurídicos para impedirlo, a pesar de lo cual el Consejo de Ministros va a seguir adelante con sus intenciones y este viernes presentará formalmente el recurso ante el TC. Opta así por aferrarse a su argumento de que el candidato no tendrá "libertad deambulatoria" si regresa a España, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que será detenido en cuanto pise suelo español.

La Moncloa sabe que puede perder su apuesta judicial, pero lo urgente ahora es frenar el ridículo internacional al que está abocando al Estado un Puigdemont que podría tener su minuto mundial de gloria regresando, siendo encarcelado y luego puesto en libertad por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena... para asistir a su investidura el martes 30.

El lío político posterior sería monumental, empezando por el bochorno de ver al Rey obligado a firmar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del jueves 1 de febrero -si la investidura se vota el 31 de enero- el nombramiento de alguien que va a volver inmediatamente a la cárcel.

Aunque solo sea por eso, el Gobierno va a seguir adelante. De hecho, cuando la Casa Real fue informada de que se ponía en marcha el mecanismo judicial suspiró de alivio. Había evitado durante estos días confirmar los pasos de Felipe VI con el presidente del Parlamento de Cataluña precisamente por la delicada situación en que esa imagen hubiera puesto al monarca.

El Rey no tiene obligación de hacerse 'la foto' con Torrent para esta segunda investidura de Puigdemont, como tampoco lo hizo en 2011 con Forcadell tras la primera, pero sí ha de rubricarla en el BOE

De hecho, no existe obligación legal de que el monarca reciba a Torrent ni aún cuando el Parlament hubiera consumado ya el desafío. No lo hizo en enero de 2016 cuando la antecesora, Carme Forcadell, intentó ser recibida en audiencia y Casa Real la conminó a comunicar solo "por escrito" la primera investidura de Puigdemont. Lo que no podría eludir de ninguna manera Felipe VI es su firma en el BOE si Puigdemont es elegido el jueves 31 de enero. Ni el ridículo de la cuarta potencia europea viéndose toreada por un prófugo.      

De momento, la Moncloa -y el PSOE y Ciudadanos, que en esto van de la mano- ganan tiempo porque el alto tribunal, cuando admita el recurso, está obligado a suspender la decisión tomada por el presidente del Parlamento catalán este lunes 22. Y Torrent tendrá que comunicar a Puigdemont que es inviable su elección, abriendo con ello una crisis entre Junts pel Cat (JpC) y ERC.

Prueba de ello es la reacción que tuvo ayer JpC, el partido del expresident, acusando a Rajoy de perpetrar un "golpe de Estado". El inquilino de La Moncloa "no acepta los resultados" de las elecciones del 21D, dijo su portavoz Eduard Pujol, y quiere "coaccionar" a Torrent para que retire la candidatura so pena de seguir el mismo camino que Forcadell: ser procesado por el Tribunal Supremo si desobedece al TC.

Gobierno y PSOE cuentan con que, en el peor de los casos, si el TC o el Tribunal de Estrasburgo fallan en contra lo harán con otro inquilino en el Palau de la Generalitat y el expresident huido a Bruselas desactivado

Pujol no quiso, sin embargo, adelantar qué hará su formación si finalmente el presidente del Parlament renuncia a Puigdemont. Lo que pueden decir "ahora mismo" es que es que "el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont" y es necesario "no moverse de lo que hemos dicho siempre", añadió en un claro aviso a sus socios de ERC que, en el fondo, desean que Torrent pase página y escoja otro candidato. 

Porque, a largo plazo, es seguro que el propio Puigdemont o la mayoría independentista en Parlamento de Cataluña, recurrirán el veto ante ese mismo TC. Y no es descartable que éste le dé la razón porque no hay unanimidad entre los doce magistrados sobre la procedencia de suspender el derecho de sufragio pasivo (elección) del expresidente de la Generalitat, por muy prófugo de la Justicia hoy que éste sea.

Incluso con un fallo del TC a favor del Gobierno, coinciden varios de los consultados, podría ganar un posterior recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en base a los votos particulares que, seguro, emitirán varios magistrados del TC contra esta maniobra del Gobierno. Pero para cuando esto ocurra, Puigdemont ya será historia política porque habrá otro inquilino en el Palau de la Generalitat.