Una decena de altos cargos de la Generalitat de Cataluña permanecen en sus puestos pese a ser señalados por la Guardia Civil como responsables del proceso separatista en el informe remitido al juez del Supremo Pablo Llarena. El Gobierno de Mariano Rajoy todavía no ha decretado el cese de ninguno de ellos vía aplicación del artículo 155 de la Constitución. Son el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, el secretario general de Economía, Pere Aragonés, y otros cinco homólogos en distintas consejerías (Aleix Villatoro, Ferran Falcó, María Dolors Portús, Josep Ginesta y David Mascort). A los que hay que sumar la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y el director del Gabinete Jurídico y exsecretario general de la conselleria de Gobernación, Francesc Esteve, ambos imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en la causa del 1-O, y el director general de Asuntos Contenciosos, Xavier Urios, investigado por la Guardia Civil.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reveló el pasado 21 de marzo en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo había destituido hasta la fecha un total de 260 altos cargos del Govern desde la entrada en vigor del artículo 155 el pasado 27 de octubre. Sin embargo, entre esos ceses no se encuentran los miembros de este segundo escalón de la Generalitat, identificados por la Guardia Civil a partir del documento EnfoCATs y la agenda Moleskine incautados a Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, pinchazos telefónicos, correos electrónicos intervenidos y declaraciones de los implicados.
El último cese de relevancia por parte del Ejecutivo de Rajoy se produjo el pasado 16 de marzo. El Consejo de Ministros, amparándose en la aplicación del artículo 155, destituyó al secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, investigado por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre. Seis días después, el 22 de marzo, se supo que la Guardia Civil había remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el informe definitivo con los nombres de 50 personas implicadas en el proceso secesionista. Una lista que encabezan el expresidente Carles Puigdemont y Junqueras como máximos responsables.
En el caso de Joaquim Nin (PDeCat), secretario general de Presidencia, la Guardia Civil subraya que jugó "un papel muy importante" en la preparación y financiación del referéndum. En concreto, se le vincula con la malversación de caudales públicos en la que también participa el que era su jefe, el 'exconseller' Jordi Turull, hoy en prisión.
En cuanto a Pere Aragonés (ERC), secretario general de Economía, los agentes le sitúan al nivel de Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat y actual diputado de ERC en el Parlament. Entre otras cosas, se le responsabiliza de diseñar unos presupuestos que previeran la realización del referéndum y la creación de la administración tributaria catalana. Aragonés afirmaba el domingo en una entrevista en La Vanguardia que "habrá que sentarse a dialogar con Rajoy" para buscar una solución al conflicto catalán. Eso sí, no renunciaba a trazar una "nueva estrategia independentista". "Necesitamos mayorías consolidadas, la recuperación de las instituciones de autogobierno, ganar más apoyos internacionales y fortalecer la sociedad civil para poder dar respuesta a las ofensivas del Estado", sentenciaba.
Conocedores de los preparativos
Así mismo, la Guardia Civil enumera en su informe a once exsecretarios generales del Govern que pudieron desempeñar tareas relevantes en el proceso independentista puesto que, como dijo el propio secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, tenían conocimiento de lo que iba a hacer el Ejecutivo catalán con el referéndum ilegal del 1-O y eran las personas "más allegadas a los consejeros". De esos once exsecretarios, además de los citados Joaquim Nin (Presidencia) y Pere Aragonés (Economía), siguen en sus funciones Aleix Villatoro (Exteriores), Ferran Falcó (Territorio), María Dolors Portús (Cultura), Josep Ginesta (Trabajo) y David Mascort (Agricultura).
Respecto a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, el juez Ramírez Sunyer investiga su participación en la presunta financiación de la consulta del 1-O a través de recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ciudadanos ya ha pedido explicaciones al Gobierno por mantener en su puesto a Vidal, nombrada por el propio Junqueras, a pesar de que había anunciado que la denunciaría a Fiscalía. El partido de Albert Rivera critica la laxitud de los populares en la aplicación del 155.
Por su parte, Esteve, actual director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, está siendo investigado por la licitación de las urnas del 1-O cuando era número dos de Meritxell Borràs en la consejería de Gobernación. Xavier Uríos, ahora director general de Asuntos Contenciosos, era el jefe de la asesoría jurídica del mismo departamento.
