"Va a ser derogada". con estas palabras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciaba el pacto con el PSOE para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Un acuerdo que el propio Gobierno confirmaba, aunque rebajando las pretensiones de la anterior, asegurando que sólo se modificarían los puntos relacionados con las injurias. Una modificación, no obstante, que necesita del apoyo parlamentario de los socios habituales del Ejecutivo, y cuyos antecedentes en las negociaciones hacen prever un choque frontal con ellos.
El anuncio ya ha surgido con fricciones. Yolanda Díaz lo daba por hecho y deslizaba un acuerdo de cierta envergadura. El Gobierno, a través de la portavoz María Jesús Montero, rebajaba notablemente las pretensiones anunciadas por Sumar: "Sí que vamos a abordar la modificación de esa ley mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias".
Los cambios sobre la Ley de Seguridad Ciudadana coinciden con la proclamada Ley de Publicidad Institucional, con la que Pedro Sánchez pretende regular y clasificar la actividad de los medios de comunicación. Fuentes legislativas consultadas por Vozpópuli aseveran que los cambios en los dos contenidos seguramente estén relacionados, toda vez que se nutrirán y complementarán entre sí.
Pero no será un asunto fácil. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es uno de los puntos que generó más fricción en la anterior legislatura entre el Gobierno y sus socios habituales. PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo de mínimos, permitiendo la celebración de manifestaciones y protestas sin comunicación previa, los cambios en los protocolos de los agentes en caso de detención y la posibilidad de grabar imágenes de los uniformados durante sus intervenciones.
Choque en la anterior legislatura
A pesar de las críticas que lanzaron sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -de forma excepcional, confluyeron todos los representativos en una macromanifestación en Madrid-, lo cierto es que los acuerdos de mínimos no satisficieron a los socios habituales de Gobierno; entonces, ERC, Junts y EH Bildu quienes, entre otros, exigían la prohibición de las pelotas de gomas.
No fue posible alcanzar un acuerdo con estas formaciones y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se extinguió junto con la legislatura. Y ahora, con Sumar en el Gobierno en lugar de Unidas Podemos, se retoma el debate en torno al texto legislativo. Pero con un cambio en el tablero a tener en cuenta: PSOE y Sumar, además de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, también tendrán que convencer a Podemos para dar el 'sí' en el Congreso de los Diputados.
No parece probable que los cambios anunciados por el Gobierno -que se ceñirían "única y exclusivamente a la parte referida a los delitos por injurias"- colme las expectativas de todos estos partidos que conforman la mayoría en la que Pedro Sánchez saca adelante su legislatura; más aún a partir de los antecedentes en la negociación que se dieron durante el anterior Gobierno y que dejaron en evidencia las fricciones entre Ejecutivo y estas formaciones.
Malestar en la Policía Nacional
El anuncio, además, ha generado sorpresa en el seno de la Policía Nacional. El sindicato Jupol denuncia que PSOE y Sumar mantienen "ocultos" los "acuerdos alcanzados y el alcance que puede tener la derogación de la citada Ley".
Su portavoz, Ibón Domínguez, ha mostrado su "profundo malestar" por reavivar "una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los Juristas": "Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro".
Domínguez ha aseverado que con esta reforma “los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades”. Y añade: "Jupol asegura que esta reforma “sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Un anuncio anticipado por Yolanda Díaz que no sólo despierta la inquietud de los sindicatos policiales, sino que presupone un choque frontal del Gobierno con EH Bildu, ERC, Junts y Podemos en caso de que éstos no rebajen sus pretensiones.
