Por vez primera desde que arrancó la intentona secesionista en Cataluña, el Consejo de Estado ha dado la espalda a una iniciativa del Gobierno y ha tumbado su recurso para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont. En una iniciativa sorprendente, que ha causado estupefacción y malestar en Moncloa, la instancia que preside Romay Beccaría, uno de los padrinos políticos del propio Mariano Rajoy, ha rechazado las pretensiones del Ejecutivo, a tan sólo cuatro días de que se celebre la sesión de investidura. "Al Gobierno se le sublevan hasta los más pastueños de los suyos", decía una fuente jurídica tras conocer lo ocurrido.
Sáenz de Santamaría había presentado este jueves, en una improvisada rueda de prensa, la decisión del Gobierno de frenar, mediante recurso al Constitucional con el preceptivo informe del Consejo de Estado, el intento del Puigdemont de ser investido sin personarse en la Cámara, bien por vía telemática o por persona interpuesta. La iniciativa, forzada por las urgencias del calendario y por la obcecada actitud de JxCat, no ha fraguado. ¿Pero nadie había hablado con la gente del Consejo?, se preguntan en fuentes del PP, también catatónicas por el desarrollo de los acontecimientos. Santamaría, que dirige desde Moncloa un ejército de abogados del Estado, expertos en estas cuestiones, ha sufrido un severo castigo, que se intentará paliar ante el propio TC, siempre remiso a este tipo de actuaciones.
Un segundo plano
Nadie se esperaba este varapalo, que de momento paraliza los intentos del Ejecutivo de dinamitar los planes de Puigdemont antes de que se reúna el pleno del Parlament para decidir sobre la candidatura propuesta por Roger Torrent, el recién nombrado presidente de la Cámara. Sáenz de Santamaría ejerce de presidenta de la Generalitat desde la aplicación del artículo 155. Su papel durante estos meses de control de la administración catalana desde Moncloa ha sido prudente y recelosa, casi tímida por momentos, como durante la huelga general del 8 de noviembre, siempre en segundo plano y sin apenas aparecer en los medios públicos.
La gestión de la denominada 'ministra para Cataluña' no ha conocido ni siquiera una mínima vitoria. Todo han sido errores, patinazos y traspiés, salvo el 155, aplicado también concierta polémica. Su primer empeño, por la vía de la docilidad y el consenso, bautizado como "Operación diálogo", naufragó en la montonera del referéndum del 1-O, cuando cientos de miles de catalanes se acercaron a introducir sus papeletas en unas urnas que jamás iba a aparecer y en un plebiscito que nunca iba a tener lugar. Fue la jornada más negra del 'procés' para el bloque constitucionalista, que propició a una hábil manipulación de imágenes y contenidos por parte de los separatistas, en unos episodios que dieron la vuelta al mundo.
De la 'operación diálogo', la vicepresidenta salió levemente tocada, con críticas generales a su labor, en especial intramuros de su propio parido y hasta de su Gobierno. Incluso en su equipo de temían algún tipo de "castigo" por parte de Rajoy a cuenta de la desastrosa organización de todo el operativo. El resultado de las elecciones, en las que se impuso Ciudadanos pero los secesionistas conservaron su mayoría, redondeó lo penoso del panorama.
Una piscina sin agua
Con fama de metódica, laboriosa, preparada, experta en cuestiones legales y en el manejo de los resortes del Estado, Santamaría ha vuelto a fallar. El revés el Consejo de Estado se apunta también en el 'debe' de la vicepresidenta. Ella ha sido, al cabo, la encargada de anunciar la iniciativa ante la prensa, quien ha asumido, abiertamente, la responsabilidad de esta controvertida decisión. Rajoy había afirmado, hace dos días, a Onda Cero, que el Gobierno no presentaría recurso alguno ante el TC hasta que se produjera algún hecho administrativo presuntamente punible por parte de los independentistas. Los ritmos se aceleraron y Santamaría dio un paso adelante. Parece que se lanzó a la piscina sin mirar si había agua, de acuerdo con la explicación que, ya entrada la noche, ofrecía un miembro del Gabinete.
La figura de Soraya había recuperado buena parte de su deteriorado perfil en los últimos meses. Rajoy estaba satisfecho con el 155, con el apoyo granítico de los partidos democráticos y con la respuesta generosa de la sociedad. La vicepresidenta seguía empuñando el timón de la nave del Gobierno en esta procelosa singladura y hasta se había anotado algún tanto, intramuros del Ejecutivo, con la decisión del presidente de colocar el frente de su Gabinete, en sustitución de Jorge Moragas, a José Luís Ayllón, su mano derecha, hombre de confianza y leal ente los leales en su equipo de 'fontaneros'. Perdía Soraya a uno de sus elementos más valiosos pero ganaba peso especifico en el aparato monclovita. Y lo mantenía a dos pasos de su despacho.
La bofetada del órgano consultivo del Estado echa por tierra este delicado castillo de naipes. Y desestabiliza el delicado equilibrio interno de la vicepresidenta. Tan sólo un 'sí' del Constitucional lograría salvarle su dañada imagen, incluso con notable. Un trámite muy complicado ya que en el seno del Alto Tribunal laten algunos criterios muy contrarios a este tipo de actuaciones, que las consideran escasamente jurídicas y abiertamente políticas. El Gobierno ha perdido en el primer envite. Le queda por solventar lo más erizado de la partida. Si se llega al día 30 sin el aval del TC, la inestidura resultará tal y como la desean los secesionistas. Salvo alguna sorpresa de causa mayor.
