"La obligación del capitán del Open Arms es conducir a su tripulación al puerto seguro más cercano". Con esta afirmación se despachaba este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, al ser preguntada por la posición del Ejecutivo respecto al barco de la ONG española dedicada al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo y que lleva siete días esperando a que algún país le permita desembarcar con más de 121 personas a bordo, rescatadas cuando su embarcación se hundía frente a las costas libias.
Algo más de un año después de acoger al buque Aquarius tras llegar a La Moncloa, el Ejecutivo socialista -ahora en funciones- evita hacer gestiones en Bruselas para que el Open Arms pueda atracar en algún puerto. Tanto Italia como Malta, los países de los que más cerca se encuentra, ya le han denegado el permiso.
Muy criticado por la oposición por un posible 'efecto llamada', el tono del Gobierno ha cambiado por completo, acercándose a los argumentos del polémico ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. La vicepresidenta Carmen Calvo reprochaba esta semana a Bruselas el papel de España como frontera sur de la Unión y subrayaba que nuestro país debe soportar una "presión migratoria importantísima".
La intención de la ONG no es tanto atracar en España, sino que nuestro país haga las gestiones en las instituciones comunitarias para poder desembarcar en un puerto con los 121 migrantes que lleva a bordo. Tras pasar seis meses bloqueados en el puerto de Barcelona, el barco zarpó sin permiso de las autoridades españolas, por lo que si regresa podría ser inmovilizado.
Para que la Comisión Europea actúe, debe haber una petición formal por parte de alguno de lsos Estados miembros, que el Gobierno socialista se niega a llevar a cabo. "No, no tenemos que hacerlo", llegó a decir Calvo a pesar de la precaria situación que se vive a bordo del barco. El Presidente del Parlamento Europeo sí ha enviado una carta a la Comisión pidiendo medidas urgentes.
Lejos parece quedar ya la presión de España para buscar una solución al desembarco del Aquarius en agosto del pasado año. Entonces, el Gobierno se arrogaba el mérito de haber negociado junto a Francia para conseguir que el buque atracase en La Valeta (Malta).
