El ambiente está más que tenso, en Cataluña y fuera de ella porque, se quiera o no, el referéndum ilegal de mañana - que tampoco va a ser un "picnic", como lo ha llegado a calificar el Gobierno-, afecta no ya a la política sino a la convivencia. Pero la clave no va a estar tanto en el resultado oficial de una consulta ilegal, sino en la división del bloque independentista.
Por un lado, la CUP, ya ha avisado al PDCat que "no tolerará una solución pactada" con el Estado y que lo que dice la ley de Transitoriedad es que el Parlament declarará esa independencia en las 48 horas siguientes; y, por otro lado, lo que queda de la antigua Convergencia agrupada en ese PDCat que se debate en esta hora entre seguir haciendo seguidismo a los cupaires, con ERC de convidado de piedra o dar un frenazo definitivo y obligar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a acabar de un plumazo con todo convocando elecciones autonómicas para quitar así presión a la caldera política.
El problema es que Puigdemont ya "parece de la CUP", señalaba ayer a Vozpópuli un destacado político catalán no independentista, que duda de que los Santi Vila, consejero, o los diputados Carles Campuzano, portavoz del PDCat en el Congreso, y Jordi Xucla, sepan reconducir a un político que en los últimos días se están comportando más como el Moisés dispuesto a llevar a los catalanes a la tierra prometida que como el presidente de una comunidad autónoma.
Hay síntomas, como su cuenta de Twitter, donde el president se permite hacer bromas incluso con su encarcelamiento, que hace temer a muchos en La Moncloa y en los partidos constitucionalistas que está decidido a poner en marcha la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Otro síntoma es que a Campuzano, quien el martes llegó a decir que esa declaración "no está sobre la mesa", le obligaron a rectificar al día siguiente por presiones de la CUP.
De hecho, el Congreso votará en la segunda semana de octubre una moción consecuencia de interpelación presentada por el PDeCAT que insta al Gobierno a "reconocer la validez" del referéndum independentista y "derogar de inmediato" la "intervención" de la Generalitat por parte del Estado. La moción, firmada por Campuzano, es consecuencia del debate que mantuvo el pasado miércoles con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde las espadas quedaron en alto. Y los acontecimientos de las últimas horas no han hecho sino agravar la situación.
Campuzano defenderá esta semana abrir "de inmediato" un diálogo pero el Gobierno ya adelanta que Puigdemont y Junqueras han quedado "descalificados democráticamente" como interlocutores
De hecho, aunque la moción solicita abrir "de inmediato" el diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña, derogar toda decisión que haya afectado a la "capacidad de autogobierno" y proceder a la "desjudicialización de todos aquellos procedimientos y asuntos que requieren una respuesta política y no judicial", el Gobierno no parece dispuesto así como así.
La Moncloa cree que tanto Puigdemont como el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, han quedado "descalificados democráticamente" como interlocutores después del desafío a la legalidad al que han llevado a Cataluña, con una "fractura social" sin precedentes.
La postura del PDCat va a estar condicionada, en gran medida, por la posición final que adopte ERC, cuyo máximo líder, Junqueras, guarda silencio sobre los pasos a seguir a partir del lunes 2. Pero los portavoces de la izquierdista CUP ya han advertido a los dos socios de Juts pel Sí que "no aceptaremos una solución pactada" con el Estado.
Hasta el predecesor de Puigdemont, Artur Mas, parece hoy un fiel aliado de la CUP. El viernes dijo en el cierre de campaña del referéndum en Lérida que Cataluña ha tenido "mucha paciencia" con España y añadió en tono definitivo: "llevamos décadas intentando crear un proyecto común pero esta gente no nos entiende". "El Estado español nos empezó a perder el día que él mismo, a través del Tribunal Constitucional, empezó a pasarse por el cogote la propia Constitución española".
Mas concluyó señalando que al recortar el Estatuto de Autonomía, en 2010, "no respetaron lo que dice la Constitución sobre las autonomías y no escucharon al pueblo catalán".
